La RegiónQuintana Roo

La “Mafia Verde”: el tráfico de poder y corrupción que opera Gustavo Miranda


MIGUEL AVENDAÑO | PODER Y CRÍTICA | El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siempre ha sido una moneda de cambio, un comodín de la política, sinónimo de corrupción y fraudes. Sus dirigentes e integrantes del primer círculo operan como una copia de la mafia italiana y Quintana Roo es el claro ejemplo de ello. Los verdes sientan sus reales, ostentan y detentan el poder como una “Familia”, una “Cosa Nostra” que en la “Administrazione” y “Capofamiglia!” tienen a Jorge Emilio González y su “Consigliere” resulta ser el actual diputado Gustavo Miranda Garcìa, quien opera con su “Caporegime” Luis Pablo Bustamante Beltrán, dirigente del PVEM; así, de ese nivel, es la estructura de la “Mafia Verde” en el caribe mexicano.

Los verdes en Quintana Roo, dicen en todos los estratos sociales, que han perdido la vergüeza ante tantos escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados. Esta mafia incrustada en las administraciones municipales para medrar del presupuesto tiene como cabeza visibles a Gustavo Miranda, Luis Pablo Bustamante Beltrán, Renán Sánchez Tajonar, Rafael Saavedra, Miguel Cheluja Martínez y Eugenio “Gino” Segura entre otros y en esta serie de entregas y recuentos les daremos a conocer a cada uno de estos personajes “non gratos” de la política y que hoy pretenden en alianza con Morena perpetuarse en el poder.

Morena antes de firmar una coalisión con el PVEM, debe de analizar muy a fondo las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, más que votos el verde es un lastre muy pesado y con una cola muy larga, que en vez de beneficiar una alianza, traería graves consecuencias electorales al partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene como bandera el combate a la corrupción: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo….

Demanda, tras demanda…

Y en verdad que no tiene vergüeza el diputado Gustavo Miranda en una entrevista con la periodista Adela Micha afirmó: “La del problema es mi madre no yo…Tendrá ella sus denuncias. Ella. Yo no tengo ahí nada”, después afirmaría que su madre ha sido una exitosa empresaria capaz de facturar 35 millones de dólares al año por la venta de paquetes vacacionales.

La entrevista versaba sobra la denuncia de despojos y fraudes inmobiliarios que el portal Latinus expuso y denunció, los encabezaba el diputado Gustavo Miranda quien en la plática con Adela Micha se burló del proceso que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo en su contra, insistiendo que él no está legalmente implicado en ninguna organizaciòn criminal reconociendo que esa situación judicial le atañe únicamente a su madre la señora Erika Luz Garcìa Deister, además se dijo víctima del Gobierno Federal al que acusó de estar judicializando expedientes en todo el país.

En la acusación de fraude y despojo contra el diputado Gustavo Miranda, involucran a Luis Pablo Bustamante Beltrán, un júnior a quien metió como lìder Partido Verde y actual Síndico de Benito Juárez, en pago por el favor hecho al diputado para aparentar ser trabajador de su madre en 2015 con un salario mensual de 90 mil pesos, al vender paquetes turísticos por teléfono.

La denuncia consigna tambien a David Segura Rodríguez, quien por igual aparentó ser empleado de la madre del diputado cuando en realidad es socio de Gustavo Miranda García en la empresa Xolos Transfer, especializada en el autotransporte turístico. Estos amigos de Gustavo Miranda García, se prestaron para aparentar juicios laborales en contra de su madre, una hábil estafadora que de esa manera evitó que el Banco de Sabadell, le cobrara un millonario crédito y le embargara propiedades por las cuales también, se sustenta, habrìa timado a sus anteriores dueños.

Latinus documentó que Luis Pablo Bustamante Beltrán y tres personas más, se presentaron el 18 de agosto de 2015 ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, para demandar a Erika García Deister, madre de Gustavo Miranda; Bustamante Beltrán se hizo acompañar por José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos, simularon ser trabajadores de Erika Luz García Deister, a través de García y Miranda Trading S.A. de C.V., y Operadora Turística Luz, S.A. de C.V., dedicadas a la venta de tiempos compartidos, ellos señalaron que devengaban un salario mensual de 90 mil pesos, reclamaban una indemnización al 100% por un supuesto despido injustificado ocurrido el día 27 de julio de 2015.

Los denunciantes pedìan pedían indemnización completa de tres meses, prima vacacional, salarios caídos, prima de antigüedad y hasta reparto de utilidades y aguinaldos; pero ninguno de ellos presentó contrato, mucho menos sus registros hacendarios. Aun así, la presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, Tereza de Jesús Ku Pat, les dio la razón en un proceso sin precedentes por la rapidez del fallo, en la que determinó en menos de dos meses, fallar a favor de los trabajadores.

Ordenó que se cumplieran todos sus reclamos por un monto total superior a los 10 millones de pesos. Resulta que la demandada ni siquiera estuvo presente en el juicio y cuando les preguntaron a los trabajadores como querían cobrarse, ellos decidieron que fuera a través de un departamento ubicado en el complejo de lujo Maioris Tower, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.

Dicho inmueble tenía un valor de 13 millones de pesos en 2015, cantidad mayor a lo que supuestamente adeudaba a los empleados “sobrepagados”, a quienes la autoridad nunca les pidió un comprobante donde acreditaran los 90 mil pesos que decían ganar mensualmente.

Cuando el banco Sabadell dejó de percibir los pagos del crédito de la propiedad, acudió al Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, para inmovilizar el inmueble millonario y así cobrar el adeudo que tenía la empresaria. Grande fue su sorpresa al encontrar que éste ya no le pertenecía a Erika García, sino a sus supuestos empleados en complicidad con la Junta Laboral, el Registro Público y la Notaría Pública de Cozumel que consumó el atraco de forma relampagueante.

Otro caso más encabezado Gustavo Miranda para defender sus intereses y los de su estafadora madre fue llevado ante la misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECyA) de Cozumel en 2015 por Jorge David Segura Rodríguez, Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Solórzano, quienes encabezaron el expediente laboral número 153/2015.

Las denuncias públicas dicen que utilizaron la misma fórmula: Acusaron a Erika García Deister de despido injustificado y pidieron completa indemnización. En consecuencia, obtuvieron un fallo que decretó la adjudicación de un lujoso departamento en el Residencial “La Vista, El Table, Cancún”.

Luego de haber ganado la demanda ficticia, Jorge David Segura Rodríguez, constituyó la empresa Xolos Transfer, S.A. de C.V. en sociedad con Gustavo Miranda, Obed Rafael Laguna Hernández y Josué Jesús Toscano Ruvalcaba.

La impunidad y el tráfico de poder de Gustavo Miranda y la “Mafia Verde” quedó de manifiesto en estos casos pues la Junta Especial que depende del poder Ejecutivo, resolvió los juicios en cuestión de dos meses, contrario a la situiación que guardan miles de carpetas y por cantidades irrisorias que duran años de litigio.


El trafico de poder de la “Mafia Verde” operó en el Registro Público de la Propiedad, también dependiente del Gobierno del Estado, al inscribir las propiedades a favor de los trabajadores el mismo día y con apenas minutos de diferencia. A esta ecuación se sumó el notario Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la Notaría 84 en Playa del Carmen, quien avaló todos estos movimientos.

De Segura Rodríguez y Gustavo Miranda, se escribió que “son socios en despojo, en negocios, en la política y en el amor. Mientras que el actual líder del Verde hasta pasó la Navidad pasada con su antigua jefa y su hijo”.
En la trama de este juicio simulado, los varones habrían trabajado entre 2010 y 2015 y la mujer desde 2012, y al final ganaron el laudo que los convirtió en propietarios de un lujoso apartamento en el residencial Maioris Tower de Puerto Cancún, el 18 de agosto de 2015.

En realidad, la operación se hizo para librar a la empresaria del pago de una hipoteca 833 mil dólares pactada con el español Banco de Sabadell. Al final, el departamento se le devolvió a la mamá del diputado, a su vez amigo de infancia de dirigente estatal del partido, que es en Quintana Roo “La Mafia Verde


Una Mas…
Tambien vale la pena mencionar que la Asociación Civil “Othonenes con Causa” denunció ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción al diputado Gustavo Miranda García por ocultar información sobre el despido de 50 aviadores durante una conferencia.

La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/CHE/0342/10/2020 porque Gustavo Miranda porque no ha querido dar a conocer los detalles, nombres, sueldos y demás datos probatorios sobre el despido de 50 personas que supuestamente devengaba un presupuesto de 500 mil pesos mensuales.

Los denunciantes aseguran que el diputado, que lleva poco más de dos años de gestión, solo ha llegado a ocho acuerdos y solo ha tenido 14 intervenciones públicas en sesiones oficiales, la mayoría con menos de dos minutos de duración y no ha tenido un buen desempeño como legislador al no tener propuestas de ley que beneficien a los quintanarroenses.

Insisten que Miranda García ha demostrado poco oficio político y presentado polémicas reformas, como aquella en la que quería exentar de impuestos a los casinos del estado y la cual trató de impulsar a toda costa, pues aparentemente tendría negocios de este tipo con su familia.

La opacidad de la “Mafia Verde”

Las denuncias en medios y redes sociales documentan que el diputado Gustavo Miranda García es una persona que oculta sus propiedades y que como polìtico debe transparentar. A casi dos años de ser parte de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, no ha querido dar a conocer sus propiedades, sin embargo un medio local dio a conocer los resultados de una investigaciòn en el Registro Público del Comercio, arrojando varias empresas propiedad del diputado.

Se consignó que la primer empresa de la “Mafia Verde” donde destacan Erika Luz García Deister y Erik Gustavo Miranda García, sería el Corporativo Blue Strawberry, S.A. de C.V., constituida el 25 de enero de 2012, bajo el Folio Mercantil Electrónico 24188, en la ciudad de Cancún y que tiene como objeto social principal, el “adquirir, poseer, administrar, construir, comercializar y operar centros nocturnos, bares, hoteles, restaurantes, condominios, balnearios, entre otros”, lo que los llevó a especializarse en este tipo de transacciones.

También se documentó que otra de las sociedades que ostenta esta familia, es Grupo EG Miranda, S.A. de C.V., constituida el 3 de marzo de 2017 entre Erik Gustavo Miranda García, Mónica Adriana Meléndez Martínez y José Luis Gómez Sosa; con el objeto principal de “adquirir, enajenar, y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles; así como la ejecución de toda clase de desarrollos habitacionales tanto residenciales como de interés social o popular, desarrollos industriales, comerciales y turísticos”. Quedando Mónica Adriana como administradora única.

Mónica Adriana fue otra de las protagonistas que llevaron a cabo supuestos juicios laborales contra la madre de su socio ante la misma Junta de Cozumel bajo el expediente 151/2015. Solo que ella argumentó que ganaba nada menos que 250 mil pesos mensuales, con cuyo reclamo logró “apropiarse” de un departamento de lujo en la Emerald Residential Tower & Spa, con valor de 30 millones de pesos.

Para el 21 de agosto de 2020, mediante la asamblea con el FME N-2017037463, Grupo EG Miranda, llevó a cabo una modificación en su sociedad, en la cual Erick Gustavo Miranda García y Norberto Cuautli Xicale, renuncian a la presidencia y secretaría de la asociación, nombrándose a Mónica Adriana Meléndez Martínez, como administradora única.


…Y empiezan los remates


Este sábado, el portal “Luces del Siglo” difundió que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 3 de Cancún puso a remate uno de los lujosos departamentos de la “Mafia Verde”.


El inmueble en disputa legal se ubica en el Boulevard Kukulcán, Sección-A, Número DFO-U-G-, Interior departamento F-G UG, Lote 18-1-A, Manzana 52, de la Zona Hotelera.

Luces del Siglo dice que “la propiedad es reclamada como suya por la empresaria Erika Luz García Deister, mamá del diputado local por el Partido Verde de Quintana Roo, Gustavo Miranda, a pesar de que con artimañas legales pretendió evitar pagar un crédito. Entre los acreedores que reclaman adeudos pendientes sobre el departamento está el Banco Mercantil del S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que tiene el certificado de gravamen 523517 relacionado con el folio 242922 sobre un crédito simple a su favor”.


El caso forma parte del juicio laboral 369/2021 que simuló la empresaria cancunense con un par de supuestos empleados, identificados como Mónica Adriana Meléndez Martínez y Christian Ixzel Andrade Martínez. Los acreedores eran presuntos vendedores de tiempos compartidos en las empresas García & Miranda Trading y Operadora Luz, S.A. de C.V.


De acuerdo a la convocatoria de remate, la almoneda fue ordenada por un juzgado federal que otorgó medidas cautelares contra actos de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje con sede en Cancún.
Para la subasta pública se fijó un precio de 19 millones de pesos por el departamento, aunque las posturas de los interesados deberán cubrir como mínimo dos terceras partes; es decir, 12.6 millones de pesos del adeudo principal en el juicio laboral.

Como parte de la resolución de octubre pasado, la junta laboral fijó la audiencia de remate en primera almoneda el próximo 13 de diciembre, a las 11:00 horas.

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