De ImpactoMéxico Rojo

Tortura en México se profundizó durante la pandemia: OMCT

Los actos de tortura se profundizaron en México durante el 2020, debido a la pandemia por Covid-19, así lo reveló este jueves un estudio realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

De acuerdo con el informe presentado en Ginebra, Suiza, en los primeros 18 meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias, en contra de agentes federales, por posibles actos de tortura que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259.

La organización señaló que de estas, solo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria; en el marco del fuero local, sólo en 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, y en dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.

Además, el estudio revela que la pandemia forzó a múltiples instituciones a paralizar sus funciones o a limitar el trabajo a las acciones consideradas esenciales, lo que derivó en la suspensión de procesos jurídicos y de apoyo, “retrasando todavía los procesos ya largos e ineficientes de acceso a medidas de protección, justicia y reparación”.

Otra de las causas que beneficiaron el aumento de casos de tortura en las afectaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en abril de 2021, las personas privadas de libertad ascendían a 215 mil 232. Según el Observatorio de Prisiones de Documenta refirió que alrededor de 3 mil 380 se habían contagiado de Covid-19 y 255 habían fallecido.

Se destaca además que la población carcelaria tuvo un aumento significativo en 2020 -más de 14 mil personas-, entre otros motivos, debido al uso abusivo de la prisión preventiva.

Durante la elaboración del informe, la “Misión Virtual también recibió información sobre violaciones recurrentes a los derechos humanos de las personas afectadas por situaciones de desplazamiento interno forzado, las que, de forma separada y en conjunto, pueden conllevar vulneraciones al derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos”.

El informe señala además que se observó un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país.

Menciona como ejemplo el caso de Jalisco, en donde se convocaron a protestas en junio de 2020, derivadas de la indignación que causó la tortura y ejecución de un muchacho que habría sido detenido de manera violenta “por no usar cubrebocas” en mayo.

También menciona las movilizaciones en la Ciudad de México del pasado 8 de marzo, donde “los cuerpos policiales utilizaron gas lacrimógeno y extintores, lanzaron fierros y piedras, usaron fusiles para lanzar balas de pintura, y existen registros de granadas de mano y artefactos incendiarios que al caer y encenderse liberaban una sustancia irritante, así como múltiples denuncias de agresiones, actos de humillación y violencia sexual por parte de la policía”.

En ese sentido, la OMCT consideró la necesidad de publicar a la brevedad el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, pues es “una pieza clave para dotar de coherencia, coordinación y recursos a las instituciones competentes, pues su retraso constituye un grave incumplimiento de la Ley”.

“La elaboración de este instrumento, diseñado inicialmente con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sigue paralizada. El borrador final estaría siendo revisado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)“, destaca el documento.

Asimismo, la OMCT recomendó a las autoridades federales tomar medidas para el reconocimiento, la protección, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura, fortaleciendo con recursos económicos y técnicos los mecanismos e instituciones existentes, en particular las orientadas a la atención a víctimas y las fiscalías especializadas.

Además que estas últimas elaboren planes integrales de persecución penal de la tortura que permitan avanzar en la colección de pruebas, investigación y judicialización de los casos pendientes, tomando en cuenta los distintos contextos de la tortura.

Por último, se pide garantizar la vida de todas las personas en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19, asegurando que las leyes y prácticas adoptadas en este contexto cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no incrementan la arbitrariedad y los abusos. Latinus

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