De Impacto

Silencio de Jaime Lastra, tortura a gobernanza de la 4T


Por qué calla la más alta tribuna popular en las implicaciones de Duda Razonable, caso en que involucra directa e indirectamente a estudiosos de las leyes, y al candidateable para la gubernatura en el 2024


Samuel L. Soto Giles | Cuando menos, hasta este lunes, el coordinador de los diputado morenistas, Jaime Lastra Bastar, presidente de las fracciones parlamentarias, representante del Poder Legislativo, contrapeso de los otros dos poderes del Estado y coordinador de los representantes populares, ha guardado silencio ante las implicaciones jurídicas, sociales y políticas del documental Duda Razonable.

Ese mutismo del diputado, electo por el voto directo, inhibe al rumbo a la gobernanza, el faro democrático que evita los desvíos del Estado, que “la seguridad humana y el orden político no esté restringido al gobierno, a las instituciones del Estado, sino que sea ampliamente compartido por la sociedad”.

Si Jaime Lastra le envía al presidente López Obrador el mensaje, en sus redes sociales, parabienes por los tres años de gobierno, no va implícito el compromiso de llevar a la práctica sus principios elementales contra la corrupción:

“Como lo hemos hecho en esta primera mitad del camino, refrendamos el apoyo al proyecto de transformación que en tan poco tiempo ha demostrado resultados de fondo y mantiene la esperanza por un mejor país.

“Señor Presidente, sigue contando con las y los tabasqueños, así como miles de mexicanos que confiamos en su trabajo”, le dice, pero de lo reciente, de la aplicación de justicia opta por mantenerse callado.

Esa actitud es la misma cerrazón nemista, gurriista, madracista, prieguista, andradista, granierista, nuñista, lopecista, que ahora empieza a impactar en la merinista.

Tan solo por mencionar, Efraín Rodríguez León, el asesor jurídico del Comité de los Derechos Humanos de Tabasco, Codehutab, advierte que todos los implicados en el caso de los tres presuntos secuestradores en el municipio de Macuspana, deben ser llamados a declarar y que se les deslinde responsabilidades, principalmente al fiscal que tuvo contacto directo en el caso.

En la entrevista publicada en La Verdad del Sureste, Rodríguez León, que jurídicamente encausa el sentir social, recomienda hacer una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades hasta con el ex fiscal general de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, y de ser culpable se tiene que destituir de su plaza como catedrático en la UJAT.

Argumenta que no es posible que un profesor esté dando clases a los alumnos en las que hable de libertad de expresión, derechos humanos y, por otro lado, haya hecho caso omiso a toda la tortura que implementaron a los presuntos secuestradores.

Insiste en el Gobierno de Tabasco debería de inhabilitar a los actuales funcionarios activos, para que se haga una investigación adecuada y de ser culpables se les deslinden responsabilidades, puesto que este nuevo gobierno de Morena se dice ser diferente.

“Si es así que haga lo que predica y haga las investigaciones hasta dar con los responsables del juicio en contra de las tres personas que se presumen inocente”, exhorta.

Menciona que desafortunadamente los gobiernos estatales han detenido a personas sin ser responsables en los casos de secuestro y que simplemente toman a chivos expiatorios.

Y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Frente Crítico Estudiantil urge a cesar como docente a Fernando Valenzuela Pernas por considerar que durante su etapa como Fiscal General del Estado “se dedicó a operar procesos judiciales que incriminaban a personas inocentes con la pura intención de aparentar ante los medios de comunicación un ficticio combate a la delincuencia”.

El grupo estudiantil considera a Valenzuela Pernas como uno de los responsables en el caso documentado en la miniserie Duda Razonable, donde presuntamente se culpa de secuestro a personas inocentes.

“La UJAT refugia dentro de sus aulas a un personaje corrupto y perverso que en días recientes ha quedado exhibido a nivel mundial”, acusa el frente estudiantil.

Llama a que esta coyuntura debe orillar a la UJAT a cuestionarse el “¿Por qué un exfiscal que rentaba oficinas exclusivamente para torturar detenidos (muchos inocentes) hoy le habla sobre derechos humanos a sus alumnos?”.

Valenzuela Pernas que estuvo como titular de la FGE de diciembre de 2012 a diciembre de 2018, imparte asignaturas como Criminología, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho Municipal y Teoría General del Proceso Oral en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.

De esta denuncia documentada que le ha dado la vuelta al mundo, el PRI estatal demanda que investigar a exfuncionarios del sexenio pasado tras ser evidenciados como ‘brazos ejecutores’ para fabricar venganzas políticas incriminando a ciudadanos inocentes en procesos amañados.

“La Cuarta Transformación no debe convertirse en cómplice de las violaciones a los derechos humanos y a la ley que se ejerció en el sexenio pasado, como ocurrió en la Fiscalía para reprimir a políticos y a la sociedad en general.

“Tras conocerse el documental “Duda Razonable”, es evidente que en ese periodo prevaleció la corrupción de la ley en la Fiscalía General del Estado, que estuvo dirigida y al servicio de quienes detentaban el poder.

“El documental deja en claro la manera en cómo exfuncionarios de la FGE inventaron pruebas para culpar a inocentes, por lo que no debe haber protección para quienes corrompieron la ley. Hay que aplicar la ley.

“Al exfiscal Fernando Valenzuela se señala como cómplice y ‘brazo ejecutor’ del exgobernador Arturo Núñez Jiménez para cometer venganzas políticas en contra de ciudadanos, que luego demostraron su inocencia, evidenciando la operación corrupta en el sexenio que dejó hundido al estado en la peor crisis económica y social.

“’Duda Razonable’ no sólo evidenció a una corrupta justicia en Tabasco, sino que puso nombre y apellidos a los actores que fueron cómplices de esas violaciones. El actual régimen no debe pasar por alto tales hechos. Si en verdad está comprometido con la justicia y la transparencia, deben actuar en consecuencia”, indica la dirigencia priista estatal.

Si ahí están las evidencia públicas, y el caso implica a estudiosos de las leyes, y a quienes aplican justicia, ¿por qué calla la más alta tribuna popular?, y más cuando al frente está un candidateable a la gubernatura para el 2024.

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