De Impacto

Saúl Vera acusado de Delincuencia Organizada en Tampico, también lo investigan en Tabasco por corrupción y tráfico de influencias

REDACCIÓN
ORO NEGRO

VHSA.- Al iniciar la presente Legislatura, los Diputados tabasqueños recibieron información en la que se documentaba el saqueo en la administración de Arturo Núñez, uno de los expedientes se refiere a los contratos con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) en el 2018.

Fue la diputada priista Katia Ornelas Gil quien solicitó a la Secretaría de la Función Pública y al titular del Órgano Superior de Fiscalización en el Estado (OSFE) que hicieran una auditoría sobre las adjudicaciones directas por alrededor de 106 millones de pesos hechas en la administración de Arturo Núñez.

Las empresas beneficiadas fueron: “Constructora Veasa S.A de C.V” con 39 millones 755 mil 580 pesos con 84 centavos; Multiservicios RYC, S.A de C.V con 18 millones 266 mil 197 pesos con 98 centavos; “Acuitab, S.A de C.V, con 18 millones 500 mil 786 pesos con 36 centavos; Ingeniería Especializada El Jaguar S.A de C.V, con 13 millones 248 mil 19 pesos con 13 centavos.

Todas estas empresas propiedad de Saúl Vera y asociados son las cocesionarias de los muelles en el Puerto de Tampico, denunciadas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, de solapar una red delincuencial dedicada al tráfico de huachicol desde Ciudad del Carmen y ser aliadas de un cártel para el trasiego de droga a través de los muelles que le fueron concesionados en junio y diciembre del año pasado por más de 20 años.

La diputada priista habría denunciado a estas empresas -que también tienen un abultado expediente por obras en la CONAGUA-, cuando se documentó que la autorización de recursos adicionales a la CEAS, mediante oficio número SPF/AL1699/2018 de fecha 29 de Junio del año 2018, signado por el entonces titular de la otrora Secretaría de Planeación y Finanzas de la administración nuñista por un monto de 106 millones 780 mil 713 pesos provenientes del Ramo 23.

“Para el rubro de obras, recursos que fueron destinados para la realización de diversas acciones de rehabilitación de toma de plantas potabilizadoras, cuya ejecución por ley y normatividad debían ser objeto de una licitación pública, a fin de asegurar su absoluta transparencia, así como la libre competencia de quienes estuvieran interesados en la realización de estas obras, siendo también que este procedimiento, resulta ser la forma idónea de allegar a la instancia gubernamental que ejerce los recursos, de las diferentes opciones”, sostuvo, en su momento la diputada

Indicó, que por lo que un mes después de la autorización de dichos recursos para ser ejercidos por el CEAS, el día 30 del mes de julio, “las obras a realizar fueron adjudicadas de manera directa sin sustento o fundamento alguno, y un día después, el día 31, se procedió a la firma de contratos con las empresas designadas, con lo cual se violentó flagramente la ley y por ende se presume, que los procedimientos realizados para el logro de tal fin, resultan total y absolutamente irregulares”.

Con ello, hizo mención que la Secretaría de la Función Pública recomienda enfáticamente, no utilizar el procedimiento de adjudicación directa, sino para aquellas circunstancias excepcionales en las que la licitación pública no resulte adecuada o viable, “por ejemplo, si hay una necesidad urgente como casos fortuitos o de fuerza mayor cuando se requiera la confidencialidad, porque se involucra la defensa o seguridad del Estado, o sólo si hay un posible vendedor, para estos supuestos existen al menos dos métodos alternativos de contratación pública: la licitación o invitación restringida a un número específico de proveedores o contratistas y como última instancia la adjudicación directa”.

Agregó también, que los trabajos supuestamente ejecutados por las empresas contratadas, tuvieron como fecha de inicio el día primero de agosto de 2018, pero sorpresivamente fueron pagados en su totalidad al mes inmediato posterior, lo cual ocurrió, el día 10 de noviembre por la Secretaria de Planeación y Finanzas, situación que pone en total duda la ejecución de los trabajos objeto de la celebración de los contratos, ya que no existen elementos ni soporte alguno que permita corroborar su efectiva realización.

En ese sentido, la legisladora priista dijo que no se configura ninguno de los supuestos a razón de que las obras hayan sido asignadas de forma directa enunciados en los artículos 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y siendo que el único supuesto que podría motivar lo anterior fuera un caso fortuito o de fuerza mayor como alguna declaratoria de emergencia, la única existente en la entidad publicada en el Diario oficial de la Federación, es de fecha 15 de septiembre del año 2018, es decir 2 meses posterior a las asignaciones, por lo que no resulta aplicable.

Recientemente, la legisladora expresó que el saqueo a Tabasco cometido en el pasado, “no debe quedar impune”, por lo que este gobierno está obligado a honrar su palabra y a cumplir con lo prometido y por lo cual no se deber tolerar “ningún acto de corrupción, ni de desvío de recursos, que pudieran cometerse durante el tiempo que dura su gestión”. 

Y es que las compañías, Constructora VEASA, propiedad de Saúl Vera Ochoa, además de ACUITAB, VOS Grupo Constructor, Tramitadora del Pacífico, y Multiservicios RYC, representadas por Antonio Dávila Capiterucho, quien fuera operador de programas emergentes de la CONAGUA, son los que ganaron la concesión operativa de la Terminal 10 y 11 del Puerto de Tampico el 9 de junio del año pasado y antes de terminar el año, el 22 de diciembre firmaron otra concesión derivada de “la licitación pública API/TAMPICO/TUM-II/01/20, que consiste en la privatización a 22 años con posibilidad de una prórroga a 20 más de los muelles 5, 6, 7, 8 y 9 del Puerto de Tampico, específicamente para la modernización, equipamiento y operación de una Terminal de Usos Múltiples (TUM-II), en la que se manejará carga comercial”. Muelles que hoy están a disposición de la Delincuencia Organizada y empresas que en Tabasco tiene un expediente abierto por tráfico de influencias y corrupción.

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