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Quedan ‘en el limbo’ 1500 inhabilitaciones

REDACCIÓN
ORO NEGRO

Pese a que ha dictado alrededor de mil 500 inhabilitaciones de servidores públicos en los últimos dos años, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo ha incorporado al Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) los nombres de seis funcionarios.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las inhabilitaciones deberán hacerse públicas una vez que son definitivas, es decir, cuando el funcionario agotó todos los medios de defensa y no logró desacreditar la sanción.

El 28 de octubre, al comparecer en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que para esa fecha la dependencia a su cargo había emitido más de mil 500 inhabilitaciones.

El primero y segundo Informe de labores de la dependencia señalan que la SFP ha dictado un total de mil 540 inhabilitaciones.

Hasta el 12 de febrero, solo seis funcionarios de la Administración Pública Federal estaban dados de alta en el RSPS en 2019 y 2020 y, en su conjunto, representan el 0.4 del total de inhabilitados.

Entre los funcionarios sancionados están Rodrigo Soto Zermeño, quien fue director en el Instituto Mexicano de Cinematografía, inhabilitado por un año; Jorge Luis Gage Francoise, castigado con nueve meses y quien estuvo al frente de una dirección general en la Secretaría de Ganadería.

Una vez que la SFP dicta una inhabilitación en contra de un servidor público, el sancionado puede impugnar ya sea ante la propia dependencia o bien ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si en esas instancias no obtiene una respuesta favorable puede irse al amparo. Este proceso de defensa en la mayoría de los casos se prolonga por meses y hasta años.

Son los casos, por ejemplo, de las inhabilitaciones dictadas contra la ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Rosario Robles; el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; así como los ex directores de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, y de PMI Comercio Internacional, José Manuel Carrera Panizzo.

Sin embargo, ninguno de ellos figura todavía en el Registro y existen datos públicos que están litigando las sanciones en distintas instancias.
En el caso de Lozoya y Torres Garrido, sus sanciones fueron ratificadas por el TFJA, pero aún tienen medios de defensa, por lo que sus casos todavía no se han cerrado y podrían incluso ganarlos.

La SFP emite cinco tipos de sanciones diferentes: amonestación privada, amonestación pública, destitución, inhabilitación y multa resarcitoria, pero solo en el caso de la inhabilitación, por mandato de la ley, debe publicar los datos del sancionado una vez que el caso ha causado estado, es decir, que se resolvió en forma definitiva. Agencia Reforma

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