Opinión

¿Qué pasó con el Caso Lozoya?

Hace unos días el magnate mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y acusado de lavado de dinero por la Fiscalía General de la República (FGR), fue liberado tras llegar a un acuerdo reparatorio con la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex): deberá pagar 216.6 millones de dólares por la compraventa irregular de la planta AgroNitrogenados. Salió de la cárcel vestido de traje, fumando un puro y se fue en una camioneta de lujo.

La escena hace pensar en otro de los personajes principales en la trama de corrupción, no solo en la venta de esa planta, sino en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hombre muy cercano al expresidente y hoy un delator en quien la FGR confía para poder crear un megacaso anticorrupción que cada vez se ve más lejano.

Tras ser detenido en España en febrero del 2020 por los delitos de lavado de activos, asociación delictuosa y cohecho, y extraditado en julio, Lozoya se sometió a un “criterio de oportunidad” con las autoridades mexicanas para intentar salvarse: en lugar de ser procesado, Lozoya denunció a sus probables cómplices. Su denuncia implicó a cerca de 70 políticos, funcionarios y empresarios, entre ellos tres expresidentes y más de una decena de legisladores y empresarios de alto nivel, algo nunca visto en la historia de la procuración de justicia del país.

El documento de 63 páginas marca un parteaguas pues describe, sin escatimar, los nombres y cifras de la red de corrupción que presuntamente se generó durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El problema en el que se encuentra ahora el fiscal general, Alejandro Gertz Manero y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es que Lozoya no ha podido probar las acusaciones, por lo que solo uno de los imputados, el exlegislador panista Jorge Luis Lavalle, ha sido vinculado a proceso.

Como señalo en mi reciente libro Lozoya, el traidor, el caso del exfuncionario estuvo viciado de inicio. Su padre, Emilio Lozoya Thalmann, un expolítico que fue secretario de Energía en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pactó su entrega a las autoridades mexicanas a cambio de reducir su castigo y señalar, con lujo de detalles, la red de corrupción.

Han pasado nueve meses desde entonces y el caso pone en entredicho la cruzada anticorrupción que enarbola AMLO, puesto que se ha utilizado de forma mediática y política como un ejemplo. “¡La denuncia está fuertísima!”, aseguró el mandatario el 20 de agosto de 2020, luego de que se filtrara la declaración que presentó Lozoya ante la FGR. Esa denuncia sigue sin dar frutos.

El caso, sin embargo, podría definirse antes de las elecciones intermedias del 6 de junio. La investigación en el libro apunta a que Lozoya terminará en la cárcel, con una pena quizá menor a la que hubiera tenido si no se hubiese acogido al criterio de oportunidad y delatado a siete decenas de políticos y funcionarios.

Sin embargo, la forma como se condujo el exdirector de Pemex durante su paso por la administración pública, y la negociación que esta administración ha hecho con su caso, desnuda el supuesto combate a la corrupción que AMLO prometió a la ciudadanía. Como en el caso de Ancira, está lejos de ser un acto de justicia para la sociedad mexicana.

Las historias que rodearon a Lozoya y a su primer círculo cuando era exfuncionario, durante los primeros tres años del sexenio de Peña Nieto, son de escándalo: fiestas privadas con vinos de más de 100,000 pesos (5,000 dólares) y mujeres extranjeras para cerrar tratos; citas que costaban 100,000 dólares para reunirse con él; extorsiones a empresarios, a quienes buscaron despojar de sus compañías; uso indiscriminado de las aeronaves de Pemex para viajar por el mundo y a fiestas en la Riviera Maya; adquisiciones de obras de arte, casas y objetos de lujo con dinero del erario o producto de la corrupción; transferencias multimillonarias a cuentas de familiares y una compleja red de empresas fachada alrededor del mundo.

Lozoya quiso tener todo el poder. Soñó con convertirse en presidente de México y para lograr su objetivo incluso se peleó con el gran amigo de Peña Nieto, Luis Videgaray (exsecretario de Hacienda y canciller), quien terminó por echarlo del gabinete y ponerlo ante las autoridades para que lo investigaran.

Desde hace meses, la cárcel debió haber sido el único destino del exfuncionario que llevó al extremo el delito de la corrupción. El peor escenario para el gobierno y su cruzada es que Lozoya quede libre sin siquiera aportar las pruebas para enjuiciar a sus cómplices; o bien que las autoridades judiciales le otorguen, como a su amigo Alonso Ancira, un acuerdo reparatorio millonario que le permita seguir disfrutando de su impunidad.

Fuente: Washington Post/Mario Maldonado

Mario Maldonado es periodista financiero de prensa, radio y televisión en México. ‘Lozoya, el traidor’, es su libro más reciente.

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