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Modificaciones a Reglas de Comercio Exterior dotan de privilegios “indebidos” a Pemex y CFE, acusa Coparmex


Los ajustes implementados “violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa”, sostuvo José Medina Mora, presidente de la Coparmex.


Las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) realizadas por el gobierno federal —la semana pasada— dotan de privilegios “indebidos” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a empresas del sector privado, en el que se les permite importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales, acusó el sector patronal del país.

Los ajustes implementados por la Secretaría de Hacienda, vía Servicio de Administración Tributaria (SAT) y publicados por el Diario Oficial de la Federación “violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa”, sostuvo José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Advertimos que esta reforma limitará el acceso de las empresas privadas del sector a autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para la entrada o salida de hidrocarburos.

“La medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales”.

Con dichas modificaciones implementadas desde el año pasado, el gobierno federal ha eliminado varias prerrogativas para las empresas exportadoras con certificación “AAA”, “AA” y “A”. Incluso dentro de los puntos que causarán mayor impacto, será el que las empresas certificadas no podrán obtener sus devoluciones del IVA en plazos preferenciales de 10, 15 o 20 días después de presentada su solicitud de devolución.

La nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, puesto que restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera en la que se establecen los requisitos para obtener la autorización o prórroga de la LDA, cambia intempestivamente las condiciones bajo las cuales operan distintos permisionarios y vuelve inviables proyectos de la iniciativa privada.

Además, genera desigualdad, atenta contra la libre competencia, afecta la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos y volverá inoperantes terminales marítimas de importación privada, al no ser empresas del Estado, no podrán renovar su LDA, lo que viola el derecho de libre empresa y atenta contra la seguridad energética, denunció la Coparmex.

Consideró que con esta acción, la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país.

Medina Mora afirmó que esto “representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación”. Por ello, reiteró la necesidad de contar con reglas claras y equitativas que respeten el marco jurídico, que impulsen el sano desarrollo de la economía y el óptimo funcionamiento del sector energético nacional. El Economista

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