Opinión

La “política” de las balas


“El crimen organizado está claro que es un actor económico que quiere y tiene desafortunadamente su lugar en la política”.


Resulta, poco menos que sorprendente, que cuando para millones de mexicanos las elecciones se han convertido un rayo de esperanza para mejorar su nivel de vida, la violencia criminal tiende a empañarla con su brutalidad. Desde el Río Bravo hasta Suchiate. Los incentivos para estos grupos deben ser muy altos para hacerse presente en cada convocatoria electoral y dejar el camino electoral con un cada vez mayor caudal de muertos y atemorizados y regiones enteras bajo fuego.

El crimen organizado está claro que es un actor económico que quiere y tiene desafortunadamente su lugar en la política. Directa o indirectamente, eso no es problema, sino la complejidad como país. Actúan, como otra cámara empresarial, como grupo de presión, pero a diferencia de los organismos convencionales los suyos lo hacen, lo hicieron, con el recurso de la violencia.

Quizá, nunca sabremos su nivel de penetración en los partidos y sus gobiernos, pero, sin duda, están presentes con su propio y singular don de la ubicuidad. Es el negocio redondo. Y mejor con una gran dosis de impunidad. La política dejó de ser, al menos, hoy en México, un antídoto a esta singular violencia criminal para convertirse en una incapacidad manifiesta o una absoluta connivencia.

El informe que presentó la Secretaría de Seguridad Pública a principios de año declaraba que las entidades más violentas del país en 2020 habían sido Baja California, con dos mil 906 homicidios; le seguía el Estado de México, con dos mil 793; Chihuahua, con dos mil 686; Jalisco, con dos mil 621; Michoacán, con dos mil 433; Sonora, con mil 584; Veracruz, con mil 457; Guerrero, con mil 435 y Zacatecas, con mil 065 homicidios dolosos.

De estos nueve estados en seis de ellos hubo elección de Gobernador el domingo pasado y en todas ellas triunfó el partido Morena y sus aliados y relevarán a gobiernos priistas y panistas con excepción de Baja California donde ya gobierna Morena.

En estos estados con la información publicada en varios medios de comunicación hizo aparición el crimen sea amenazando a dirigente políticos y candidatos, promoviendo el voto a favor de uno u otro partido o, lo más lamentable, asesinando candidatos, como fue el caso del emecista Abel Murrieta Gutiérrez que buscaba la Alcaldía de Cajeme y su muerte alcanzó notoriedad por ser abogado de la familia LeBarón.

Quizá, nunca sabremos su nivel de penetración en los partidos y sus gobiernos, pero, sin duda, están presentes con su propio y singular don de la ubicuidad. Es el negocio redondo. Y mejor con una gran dosis de impunidad. La política dejó de ser, al menos, hoy en México, un antídoto a esta singular violencia criminal para convertirse en una incapacidad manifiesta o una absoluta connivencia.

El informe que presentó la Secretaría de Seguridad Pública a principios de año declaraba que las entidades más violentas del país en 2020 habían sido Baja California, con dos mil 906 homicidios; le seguía el Estado de México, con dos mil 793; Chihuahua, con dos mil 686; Jalisco, con dos mil 621; Michoacán, con dos mil 433; Sonora, con mil 584; Veracruz, con mil 457; Guerrero, con mil 435 y Zacatecas, con mil 065 homicidios dolosos.

De estos nueve estados en seis de ellos hubo elección de Gobernador el domingo pasado y en todas ellas triunfó el partido Morena y sus aliados y relevarán a gobiernos priistas y panistas con excepción de Baja California donde ya gobierna Morena.

En estos estados con la información publicada en varios medios de comunicación hizo aparición el crimen sea amenazando a dirigente políticos y candidatos, promoviendo el voto a favor de uno u otro partido o, lo más lamentable, asesinando candidatos, como fue el caso del emecista Abel Murrieta Gutiérrez que buscaba la Alcaldía de Cajeme y su muerte alcanzó notoriedad por ser abogado de la familia LeBarón. Fuente: Ernesto Hernández Norzagaray/Sinembargo

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