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Imparable la privatización de tierras ejidales en la península

Daniel Sánchez
ORO NEGRO

CAMPECHE.- “La presión para privatizar los territorios en la Península de Yucatán va en aumento. Múltiples proyectos de escala y tipo variable se ciernen sobre la región. Siendo uno de los megaproyectos con mayor proyección en medios, el llamado Tren Maya, promovido por el actual gobierno federal”, advirtieron investigadores.

En su documento Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet señalaron que “la incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales, que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial, ha sido promovido por una “mafia agraria”.

En el trabajo realizado a petición del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), los especialistas aseguraron que esta organización cuenta “con capacidad económica suficiente para sortear ciertas restricciones legales, ente las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”.

Expusieron que “en las pasadas tres décadas, la Península de Yucatán (PY) ha experimentado trasformaciones territoriales sustanciales relacionadas a la propiedad social”.

“Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada”, indicaron.

“Entre 1994 y 2018, y aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial)”, aseveraron.

Manifestaron que “la conversión a dominio pleno (propiedad privada individual), tanto de parcelas ejidales certificadas, como de los terrenos nacionales, así como el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización, y en muchos casos, de despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos de manera muy activa por diversos actores, entre los que destacan aquellos pertenecientes al sector empresarial”.

Afirmaron que “la privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país”.

“La mayoría de los habitantes de los núcleos agrarios de la Península son personas jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este conjunto de personas ha tenido muy poco que decir o decidir sobre la venta de tierras de los ejidos, las cuales les dejan casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afectan sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, agregaron.

Mencionaron que frente a esta evidente problemática, la respuesta del gobierno actual debe ser contundente y bien articulada en una nueva política nacional agraria.

“De acuerdo con nuestro recuento de la privatización y, en muchos casos despojo de las tierras de uso común de los ejidos en la Península, es fundamental redefinir la política agraria nacional y regional considerando tres ejes de acción”, abundaron.

“En primer lugar, el combate a la corrupción al interior del sector agrario a fin de ponerle un alto total a la “mafia agraria”. Esto incluye a la Secretaría de desarrollo agrario, territorial, y urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria, y el Registro Agrario Nacional”, añadieron.

En segundo lugar, comentaron, “es fundamental el fortalecimiento y democratización de los núcleos agrarios. Queda claro que el despojo de tierras de los ejidos de la región ha sido posible por la desinformación y debilidad de las asambleas generales de los ejidos. Consideramos que solo un núcleo agrario con participación democrática e incluyente y bien informado sobre sus tierras y demás recursos naturales, que son también territorio indígena, es capaz de sortear los embates privatizadores y de mercantilización que se continúan en la Península y en el resto del país”.

“Finalmente, y, en tercer lugar, consideramos fundamental ampliar la visión agrarista que ha prevalecido por más de cinco décadas en el sector, la cual considera principalmente a los derechosos agrarios, para incorporar un enfoque de género, que incluya a las mujeres que residen en los núcleos agrarios, un enfoque de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas,  el cual redefine la tierra ejidal como territorio indígena, y un enfoque biocultural, que considere la función ambiental de los territorios en términos de la diversidad cultural, de flora y fauna que aportan los territorios indígenas y tierras bajo el régimen de propiedad social para la sociedad en su conjunto”, puntualizó. Página 66

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