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Grupo armado desaloja cuatro asentamientos en Candelaria

REDACCIÓN
ORO NEGRO

Integrantes del Centro Internacional de Justicia Alternativa denunciaron el desalojo de cuatro asentamientos ubicados en el municipio de Candelaria, donde grupos armados incendiaron por lo menos 16 viviendas y golpearon a niños y adultos mayores.

Cleotilde Herrera Díaz, representante de esa organización defensora de los derechos humanos, informó que a pesar de que recurrieron a la agencia del Ministerio Público de la junta de Aguacatal, en el municipio de El Carmen, no fueron atendidos y los amenazaron “porque son invasores y merecen ser tratados de esa manera”.

Según Herrera Díaz, la pugna data de hace por lo menos cinco años y se debe a que un grupo de parvifundistas pretende expulsar a pobladores de las comunidades de Canaán, Bethel, El Aguacero y La Beraca, donde unas 150 familias ocupan mil 300 hectáreas.

Narró que un grupo de ganaderos encabezado por Alejandro Delgado Hernández, Rubén Garduza Ramos, Nelson Morales Ramos, Carlos Peralta Morales y Rodrigo Estañol Ferrer, este último integrante de la comisión municipal del Partido del Trabajo en Candelaria, llegaron a amenazarlos y les dieron 24 horas para abandonar sus viviendas.

Sin embargo, la lideresa de los invasores, Lea Juárez Valenzuela, les recordó que las órdenes de desalojo son firmadas por un juez y se deben notificar con al menos 15 días de anticipación, a lo cual los agresores respondieron que se atuvieran a las consecuencias.

De acuerdo con la denuncia de Centro Internacional de Justicia Alternativa, los hombres armados que irrumpieron en el asentamiento La Beraca tenían el rostro cubierto con pasamontañas y capuchas; golpearon a mujeres, niños y ancianos y los obligaron a salir de sus viviendas.

Incendiaron al menos 16 casas y masacraron a borregos, caballos y animales de traspatio como “advertencia” para que los invasores no regresaran a la comunidad.

Cinco personas, entre ellas Mario Jesús Mendoza Pérez, Gregorio Pérez Córdoba y Florentino Cupido Domínguez, éste último de 74 años, así como una niña de cinco años, fueron sacados a golpes de sus hogares, los levantaron y los tiraron en una zona selvática del municipio de Balancán, Tabasco.

Los afectados advirtieron que recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos y también solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Uno de los imputados, Rodrigo Estañol Ferrer, aclaró que no se actuó con violencia, sino que se procedió legalmente en contra del grupo de invasores; además, acusó a Juárez Valenzuela de cobrar tarifas desde 10 mil hasta 30 mil pesos para permitir que familias procedentes de Chiapas, Tabasco y Veracruz se asienten en terrenos de propiedad privada, por lo que fue denunciada penalmente y los juzgados otorgaron la orden de desalojo. La Jornada

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