De Impacto

Gobierno de Mancera ‘lavó’ mil millones en cuatro contratos con 12 empresas

ÍÑIGO ARREDONDO/VALERIA DURÁN
ORO NEGRO

Cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas de Ciudad de México (Sefin) otorgó durante el pasado sexenio, firmados entre finales de 2017 y el primer semestre de 2018, se adjudicaron para funciones que la institución había hecho internamente y sin costo desde el año fiscal de 2014. El ente capitalino encargado de la recaudación de impuestos subcontrató empresas para realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. Según documentos federales en posesión de esta investigación, los contratos fueron adjudicados a cuatro empresas. Las compañías beneficiadas se relacionan a su vez con otras ocho por direcciones, socios y números telefónicos. Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza.

El primero de los contratos se firmó cuando Miguel Ángel Mancera todavía ocupaba la jefatura de gobierno de Ciudad de México y Miguel Ángel Vásquez, el que sería su último jefe de gabinete, era subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en la Sefin. Vásquez está actualmente en prisión, acusado de delitos cometidos por servidores públicos y desvío de fondos. Durante el periodo en los que se otorgaron los otros tres contratos el cargo de Vásquez lo ocupaba Antonio Paz García, su concuño. José Ramón Amieva había sustituido a Mancera, quien estaba en campaña para el Senado.  

Los mismos documentos federales, parte de una investigación abierta sobre este caso, señalan que este patrón es propio de “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos”.

Dos hombres y una red de empresas

La investigación federal coloca a dos empresarios, Rigoberto Contreras Cortés y Martiniano Rodríguez Sánchez, en el centro de este entramado de compañías.

El pasado viernes Martiniano Rodríguez fue asesinado en la Colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a metros de la oficina donde estaban registradas todas las empresas con las que los documentos federales lo relacionaban. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que el asesinato fue realizado por dos sicarios que viajaban en motocicletas y que podría estar vinculado a su rol dentro de una empresa que dio servicio a la Secretaría de Finanzas de la CDMX en el gobierno anterior. Una fuente de alto rango de la Fiscalía dijo que fue un ataque directo, una ejecución, y que los peritajes están en curso.

Martiniano Rodríguez Sánchez era presidente del Consejo Internacional de Empresarios y accionista de JBGG Investment, una empresa que tiene la misma dirección que JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y que una tercera empresa, Proyectos Complejos de Atlántico SCP. Esta última recibió depósitos entre agosto de 2017 y junio de 2018 por 327 millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters SA de CVProyectos Complejos de Atlántico SCP recibió también en el mismo periodo 136 millones de pesos de Profesionistas Moliel SA de CV, una de las empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas con un contrato adjudicado el 18 de mayo de 2018 por 290 millones y un servicio de ocho días.

Rigoberto Contreras Cortés es accionista, representante legal y apoderado de Freight Ideas SA de CV, que recibió 50 millones de pesos del gobierno de la CDMX por un contrato entre el 18 de mayo al 31 de diciembre de 2018 para el servicio de emisión de comprobantes digitales por internet (CFDI) “así como las adecuaciones para su óptima operación”. Contreras Cortés ostenta los mismos cargos en Diseño y Desarrollo en Soluciones Tecnológicas SA de CV, que en junio de 2018 recibió cuatro millones de pesos en una transferencia por parte de JJ Accounting & Legal Matters, SA de CV. Un mes antes, esta última empresa recibió 406 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México por un contrato de ocho días. El servicio prestado fue asesoría legal, fiscal e informática para la recuperación de impuestos sobre la renta retenido a trabajadores por honorarios asimilados a salarios en 2018. Rigoberto Contreras también trabajó en 2017 en Asistencia Contract SA de CV, que desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018 envió 20.5 millones de pesos a JBGG Investment SAPI de CV.

El último contrato fue dado a Olivera Méndez y Asociados SC por 232 millones de pesos del 28 al 31 de diciembre de 2017. Meses más tarde depositaría 69 millones de pesos a Nilrem SA de CV, que también recibió en esas fechas 27 millones de pesos de Grupo Proyecto del Atlántico. Esta empresa comparte el mismo teléfono que Profesionistas Moliel, Proyecto Complejo de Atlántico y JJ Accounting & Legal Matters SA de CV.

Un alto cargo que trabajó en la Secretaría de Finanzas explicó que este tipo de contratos comenzaron cuando Miguel Ángel Vázquez pasó de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Finanzas a finales de 2017. A Vázquez lo describió como “una persona golpeadora pero leal a sus jefes”.

Fuentes cercanas a la misma secretaría aseguraron que algunas de las empresas beneficiadas fueron presionadas por funcionarios públicos para realizar varios depósitos, de entre siete y 15 millones de pesos, a determinadas cuentas.

En junio de 2018, tres meses después de la salida de Miguel Ángel Mancera del gobierno de Ciudad de México, el equipo de investigación de la periodista Denise Maerker publicó un reportaje en la que revelaba que JJ Acounting & Legal Matters SA de CV, la compañía beneficiada con 406 millones de pesos por un trabajo de una semana, no tenía oficinas. En el mismo periodo otros medios reportaron que Profesionistas Moliel SA de CV cerró después de cobrar el contrato con la Secretaría de Finanzas.

Las liquidaciones

Dos de las cuatro empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas se disolvieron el 19 de febrero de 2019. Según sus actas de liquidación, JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y Profesionistas Moliel, que en conjunto recibieron más de 700 millones de pesos, cerraron diez meses después de firmar los contratos con la Sefin. Meses antes los socios de otras dos empresas, Proyectos Complejos de Atlántico y Nilrem SA de CV, que eran utilizadas en el entramado para recibir y enviar depósitos millonarios, también liquidaron estas sociedades. Las cuatro compañías fueron liquidadas por el mismo representante legal.

Estas cuatro empresas formaban parte del entorno de Martiniano Rodríguez Sánchez, que poseía once marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Rodríguez tenía participación en estas empresas con diferentes roles como accionista y también como beneficiario de las transacciones millonarias que las mismas sociedades se depositaban entre ellas.

Estos reporteros buscaron a Contreras Cortés a través de las empresas beneficiadas para pedir un comentario sobre estos contratos y sus conexiones con las diferentes compañías de la red. Se envió un correo sin respuesta a Freight Ideas SA de CV, donde Rigoberto Contreras Cortés es representante legal y se llamó a las oficinas sin una respuesta. 

El representante de Olivera Méndez y Asociados explicó que desde 2018, cuando la empresa saltó a los medios por su contrato con la Sefin, el despacho ha sido investigado por distintas autoridades judiciales y tributarias sin que se detectara ninguna irregularidad. Además, aseguró que no conoce las empresas con las que lo relaciona la investigación federal.

Miguel Ángel Mancera respondió a las preguntas sobre si conocía estas actividades de la misma forma que en las dos anteriores entregas de esta serie: que la obligación de las autoridades de Ciudad de México es investigar.

José Ramón Amieva, actual presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, dijo que solo supo de la existencia de estos contratos por la prensa: “Sentí que se me fuera el alma, que se me bajara la sangre”. Y añadió que no conocía a los empresarios señalados en esta investigación.

“La responsabilidad va sobre quien sabía a lo largo del gobierno y toleró”, dijo sobre su etapa como exjefe del Gobierno de CDMX. Amieva, además, aseguró que en el momento de entregar posesión a su sucesora en el puesto, Claudia Sheinbaum, tuvo que negarse a firmar varios documentos de la anterior administración, porque de lo contrario ahora se encontraría “en un proceso de explicación”. 

Dólares, Suiza y prisión

Rigoberto Contreras tiene 45 años, nació en el Estado de México y antes de ser contratista del Gobierno de la Ciudad de México ofrecía servicios de consultoría en computación. De 2013 a 2018 reportó a Hacienda ingresos totales por 30 millones de pesos. Entre 2016 y 2017 compró dos inmuebles —uno por valor de 1.9 mdp y otro por 17.1 mdp— y dos autos por casi dos millones de pesos, se lee en los documentos federales. Además de esas propiedades es dueño de otras cuatro casas en la CDMX y dos más en Morelos, según el registro de la policía de la Ciudad de México. Entre 2014 y 2018 recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por más de tres millones de pesos. Esta institución fue una de las señaladas en La estafa maestra, una investigación que desveló una red de contratos entre universidades públicas y empresas fantasma.

Los documentos federales en posesión de esta investigación muestran que entre 2015 y 2017 Martiniano Rodríguez recibió dos pagos desde México a una cuenta a su nombre en Ginebra, Suiza, por 21 millones de pesos. Entre 2015 y 2018 recibió a su cuenta mexicana 40 depósitos internacionales por un total de 1 millón 700 dólares.  Sólo había presentado dos ejercicios fiscales: 2013 en ceros y 2014 por 25 mil pesos. El resto del dinero no fue declarado ante las autoridades.

“Este es un esquema para introducir al Sistema Financiero Nacional activos de procedencia ilícita, posiblemente derivado de desvío de recursos públicos con la finalidad de ocultar su verdadero origen, destino y beneficiarios finales”, se señala en las 190 páginas de documentos revisados por estos reporteros. 

El exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y exjefe de gabinete, Miguel Ángel Vásquez, está actualmente en prisión preventiva por “delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal Ciudad MX “, según un comunicado de la FGJCDMX. Vásquez fue detenido en su propiedad en Jardines de Pedregal, una exclusiva colonia en el sur de la capital. Un agente de la Fiscalía de CDMX presente en el operativo definió la casa de Vásquez como “la más lujosa que había visto en su carrera”. A tres cuadras, en la misma calle, se encuentra la propiedad que Rigoberto Cortés compró en 2017 por 17 millones de pesos. Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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