Opinión

Gasolinas: huachicol y monopolio


Se registran impactantes noticias en el ámbito del almacenamiento e importación de gasolinas y diésel.

La información consigna por una parte la suspensión y eventual revocación de permisos a una importante empresa extranjera.

Y por la otra, señala la clausura de tres terminales de almacenamiento de otras tres compañías, en distintas entidades del país. Se trata de grandes empresas cuya actividad es la importación, almacenamiento y comercialización de gasolinas y diésel.

Hay que recordar que a partir del año 2016 el gobierno mexicano anunció la libre importación de esos combustibles, con el fin primordial de beneficiar al consumidor.

A partir de esa fecha, Pemex dejó de tener la exclusividad en la importación de esos combustibles.

Inversionistas privados nacionales e internacionales comenzaron a participar en ese negocio.

Las empresas de almacenamiento e importación de esos combustibles se convirtieron en un creciente eslabón de la cadena de suministro para otro negocio, en el que la iniciativa privada comenzó a tener participación, el despacho de gasolina al consumidor final.

Ambas actividades forman parte de la apertura energética que inició el gobierno anterior.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido con distintas acciones administrativas y legislativas un proceso de contrarreforma energética en los ámbitos de hidrocarburos y electricidad.

Ha buscado limitar la participación privada en la exploración y explotación de petróleo y en la generación de electricidad.

En esta parte de los hidrocarburos, se ha venido observando una doble vertiente.

Por un lado la batalla que ha emprendido el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Raquel Buenrostro, en contra del huachicol fiscal, como se le ha denominado a las prácticas irregulares en la importación de combustibles.

El SAT no está solo. Está apoyado por la acción interinstitucional en aduanas y fuerzas armadas.

Y por la otra, las acciones administrativas que está tomando la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle y la Comisión Reguladora de Energía que nació como entidad autónoma, pero que a partir de este sexenio ha dejado de serlo para actuar más como parte del gobierno federal.

La Sener suspendió cinco permisos a Trafigura para importar gasolinas y diésel. Los mismos están en proceso de revocación.

No hay una explicación oficial específica, aunque la suspensión de los permisos apareció en el portal de la propia dependencia que los marca en rojo con anotaciones de suspensión y en proceso de revocación.

Y por la otra, se conoció de la clausura de tres terminales de almacenamiento de las empresas Monterra Energy, Ienova y Bulkmatic.

Hasta ahí los hechos.

El discurso presidencial ha sido claro en el sentido de que debe darse prioridad a las empresas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.Desde ese punto de vista, hay claridad. Se puede o no estar de acuerdo con la nueva política energética, pero nadie puede decir que hay ambigüedad en el mensaje.

De hecho, se ha anunciado y está próxima a ser enviada una iniciativa de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica precisamente con el propósito de fortalecer a CFE.

En el caso de los hidrocarburos, no hay todavía una iniciativa formal anunciada. Sin embargo, las acciones han sido claras con la suspensión de las rondas petroleras, las inyecciones de capital y la reducción de la carga fiscal a Pemex.

Por la vía administrativa se vienen registrando acciones como las clausuras a las compañías de almacenamiento e importación de las últimas horas.

Parecen parte de la misma estrategia. Sin embargo, todo apunta a que son casos totalmente distintos.

Por una parte, el gobierno de México está enfocado en lograr abatir el huachicol fiscal. Sin duda es un propósito inobjetable.

Y por la otra, la contrarreforma energética, por la vía administrativa, tiene sus bemoles.

En el área de hidrocarburos se busca realizar por la vía administrativa, sin las bases jurídicas pertinentes.

La afectación de la empresa privada puede desalentar las inversiones nacionales y extranjeras y la procuración de monopolios energéticos va en contra de la competencia y los consumidores. Marco A. Mares | El Economista

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