De Impacto

El gobierno pactó con Ancira, a pesar de petición de investigación de la DEA


México liberó al empresario Alonso Ancira aunque existe una investigación del gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por la cual se mantienen sus cuentas congeladas


Laura Sánchez Ley.- A pesar de que la Administración de Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó una petición a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que como consecuencia trajo el congelamiento de las cuentas del empresario Alonso Ancira, el gobierno aceptó pactar con él para liberarlo de prisión.

El pasado mes de marzo, Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), salió del Reclusorio Norte tras acordar con Petróleos Mexicanos (Pemex) realizar un pago de 216 millones de dólares, como reparación del daño derivado de la venta a sobreprecio de la planta AgroNitrogenados.

En 2019, Ancira inició procesos judiciales en contra de la UIF por haberle bloqueado sus cuentas en junio de ese año, procesos que dejaron al descubierto que el gobierno mexicano lo liberó a pesar de que existía una petición internacional para obtener información de sus cuentas bancarias, dentro de una investigación que realiza el gobierno de Estados Unidos por presuntos actos de lavado de dinero.

La petición MX-19- 0225 fue firmada desde el 30 de abril del 2019 por el Director Regional Adjunto de la DEA quien señala a Alonso Ancira de haber cometido delitos relacionados con lavado de dinero. Además en este documento la DEA informó que dos personas más, además de Ancira, estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con ese delito.

En mayo, unos días después de que Estados Unidos realizara esta petición, la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto realizó el bloqueo de 16 cuentas bancarias: 14 cuentas de cheques y dos de inversión.

El 28 de mayo del año 2019, Ancira finalmente fue detenido en Mallorca, España y extraditado en febrero de este año a México donde supuestamente sería juzgado por delitos relacionados con lavado de dinero, pero fue dejado en libertad tras el acuerdo de reparar el daño.

Los amparos que revelaron la información

Gracias al proceso judicial 945/2019 que inició Ancira en contra de la dependencia que encabeza Santiago Nieto por haberle bloqueado sus cuentas, es que hoy podemos saber los detalles del requerimiento de la DEA a la Unidad de Inteligencia Financiera.

En un juicio de amparo iniciado por el empresario se dio a conocer la petición de investigación de la DEA a él y otras dos personas.

A través de este proceso judicial, la defensa de Ancira ha argumentado que la DEA sólo señala que está investigando a Ancira sin precisar los hechos exactos e incluso han asegurado que “se trata de una pesquisa o de persecución política”.

La Unidad de Inteligencia Financiera también ha revelado que ellos han generando un “producto de inteligencia” por el que obtuvieron los indicios suficientes para determinar que las personas investigadas por la agencia norteamericana, incluido Ancira, presumiblemente “realizaron operaciones ilícitas dentro del sistema financiero”.

La UIF ha asegurado que liberar las cuentas de Ancira “atentaría contra la seguridad nacional, al obstaculizar la obtención de información que pudiera estar relacionada con actividades relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita” y porque el bloqueo derivó de una solicitud de carácter internacional.

La dependencia han mantenido su decisión, pues a pesar de que el 20 de abril pasado el gobierno mexicano anunció el acuerdo con Ancira, la UIF aclaró que mantendría el bloqueo de las cuentas. Expansión Política confirmó que actualmente las cuentas siguen congeladas.

Alonso Ancira continúa presentando amparos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Investigación cerrada: abogado

Expansión Política habló con Mauricio Flores, abogado de Alonso Ancira, quien lleva el proceso judicial por el bloqueo de cuentas que realizó la UIF en contra de su cliente. Flores aseguró que en este momento no hay ninguna investigación de la DEA en contra de Ancira.

Dijo que este tipo de reportes son utilizados para mantener los bloqueos de cuentas, “es una estrategia procesal”.

“Es decir que (utilizan) el oficio de una autoridad de esta naturaleza y con base en esto tratan de mantener los bloqueos, es una práctica común en este tipo de asuntos pero eso no quiere decir que la DEA está investigando al señor Ancira”.

Al preguntarle específicamente por el reporte MX-19- 0225 que ha presentado la UIF contestó: “Desconozco si existe, es decir si realmente tiene sustento en alguna petición de investigación que devenga de Estados Unidos, lo que hoy tengo certeza plena es que si esa investigación en algún momento existió, ya fue completamente cerrada”.

Mauricio Flores adelantó que van a seguir solicitando a la UIF, por la vía del amparo, el desbloqueo de las cuentas de Ancira, pues considera que no tiene sustento legal, porque ya existe el acuerdo reparatorio.

Antonio Frank Cabrera, otro de los abogados de Alonso Ancira, explicó a Expansión Política que el acuerdo reparatorio que se suscribió en la audiencia del día 19 de abril establece que el pago lo realizará Altos Hornos de México. Esto, derivado de que fue la empresa quien vendió agronitrogenados, no Ancira.

“La que recibió el dinero de la compraventa fue la empresa y es la que paga”. Sin embargo Ancira es accionista de Altos Hornos por lo que sí será él quien pague.

Destacó que también existen garantías para que en caso de que haya un atraso en los pagos de Altos Hornos, Pemex tenga la certeza de que va a pagar. Dice que hay activos de la empresa así como las acciones de los dueños de Grupo Acerero del Norte.

“El proceso contra el señor Alonso Ancira está suspendido por la celebración del acuerdo reparatorio al momento de realizar los tres pagos se daría por terminado el proceso”.

Ancira Vs “las mañaneras” de AMLO

Expansión Política realizó una revisión en el Poder Judicial de la Federación donde constató que a pesar de acordar con Petróleos Mexicanos (Pemex) resarcir a la Federación 216.6 millones de dólares, Ancira mantiene otro litigio que ahora cuestan al gobierno mexicano.

El proceso judicial 1180/2020 fue presentado apenas el pasado 28 de diciembre del año 2020 en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa del primer Circuito contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la razón: sus conferencias “mañaneras”.

Alonso Ancira argumenta que durante las conferencias “mañaneras” violaron sus derechos humanos. Habría atentado contra él los días 20, 21, 24, 26, 27 y 31 de agosto del año 2020 así como el 4 de septiembre al acusarlo, según él, de falsedades.

Señala que el presidente expresó: “Bueno, él pues simpatizaba, y era lógico, con el PRIAN, porque él fue bien atendido durante mucho tiempo desde la época de Salinas de Gortari, bueno, esa empresa era pública y se privatizó en el tiempo de Salinas. Entonces, él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción”.

Ancira acusa a través de sus amparos que López Obrador también dijo en la conferencia de prensa que la planta de Agronitrogenados valía mucho menos que en lo que la compraron. En la conferencias dijo que “valía 150 millones de dólares cuando mucho, porque estaba en ruinas, si acaso lo que tenía valor era el terreno y el muelle, hay quienes hablan de que valía 50 millones de dólares cuando mucho, hacen un avalúo a modo y terminan pagando 370 millones de dólares, 200 millones de dólares más”.

A pesar de que el gobierno pactó la liberación a través de un acuerdo económico, estos proceso que aún enfrenta contra Alonso Ancira continuarán representando un gasto el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Para el abogado penalista Irving Regino, estos procesos que enfrenta el Gobierno Federal contra Ancira deberán hacerse frente con más recursos auxiliares, entre los que se encuentran el Ministerio Público, policías, peritos y otras instituciones, lo que representará un gasto para el Estado.

“Es costoso ya que se distraen recursos recursos humanos, económicos para llevar a cabo investigaciones y en su momento generar este tipo de resultados”, aseguró el litigante y recuerda que no hay otro caso similar en la actual administración.

Poco se sabe de los términos del acuerdo sólo se conoce lo dado a conocer por el Gobierno de México desde donde revelaron que el empresario pagaría 216 millones de dólares a pagar en tres exhibiciones: la primera el próximo 30 de noviembre de este año y otra en el 2023. Laura Sánchez Ley

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