Opinión

Cocinan otro ‘fertinalazo’ en Pemex

Uno de los logros de esta administración fueron las sentencias favorables que logró Pemex en diversos juicios, donde se salvaguardaron recursos de la nación por más de 24 mil millones de pesos, o al menos eso fue lo que presumió Octavio Romero Oropeza, director general de la petrolera, durante la Comparecencia ante la Cámara de Diputados en octubre del año pasado.

Sin embargo, y a pesar de habérsele dado carpetazo, fuentes cercanas informan a este espacio que un grupo de funcionarios buscan ‘revivir’ uno de esos fallos por 5 mil 300 millones de pesos a favor de la empresa Micro Smart System.

Así, funcionarios como Samuel Sánchez, Gonzalo Olivares, subdirector de Región Norte, Edgar Meza, gerente de Programación y Evaluación; José Luis Chávez, coordinador de Asesores de Pemex Exploración y Producción (PEP); y Eduardo Poblano, subdirector de Administración de Portafolio de PEP, todos ellos atendiendo instrucciones de la Dirección General de PEP, Ángel Cid Munguía, pretenden documentar y buscar la manera para que se le pague a la empresa, toda vez que Romero Oropeza presentó ese caso como cerrado en la comparecencia de octubre.

Sin lugar a dudas hay menudos intereses para ayudar a esta pequeña empresa de un par de hermanos de apellido Orlaineta, mismos que salieron de Hallliburton. Esta empresa fue adjudicada del contrato 424049831, para dar unos “servicios con herramientas de apoyo con Unidades de Línea de Acero en los pozos de la Región Norte”, que se ejecutó de diciembre del 2009 a diciembre del 2013. Lo malo comenzó cuando al término de su contrato, esta empresa Micro Smart System de México decidió que no quería quitar unos medidores en pozos que tenían en modalidad de renta, y por dos años los mantuvo instalados en los pozos, violentando la infraestructura de Pemex, así como su acceso a las localizaciones.

Después de dos años demandó a Pemex exigiendo un finiquito de 262 millones de dólares por supuestos trabajos realizados en el Activo de Producción Poza Rica-Altamira, al amparo del contrato, sin embargo, PEP nunca emitió órdenes de trabajo ni mucho menos contaba con suficiencia presupuestal para su ejecución. Este evento fue justo lo que desencadenó la jubilación anticipada de Héctor Palma, quien en el entonces fungía como Administrador de ese Activo.

A pesar de que un juez determinó que no se le debe pagar, funcionarios le quieren dar la vuelta a esta resolución, ya que están haciendo reuniones en lo fuera de la agenda, lidereadas por Gonzalo Olivares, donde también participan el gerente jurídico, el gerente de planeación (Mario Villarreal), la Gerencia de Coordinación Operativa, el Órgano Interno de Control, la última residente del contrato (Noriel Hermosillo) y 3 certificadores de campo del área de Altamira, así como el supervisor del contrato, además de Hugo Amaya por parte de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, y Adolfo López, por la Residencia de Contratos.

Todo esto se está llevando a cabo a espaldas de María de la Luz Zarza Delgado, abogada de Pemex; de Manuel Herrerías, director Corporativo de Administración; e incluso de Paola Elizabeth López Chávez, subdirectora de Administración de Servicios para Exploración y Producción.

En una administración que se jacta de ser diferente, sería inconcebible que logren su cometido, pues pasarían a la historia como propiciadores de casos como el de Fertinal o Agronitrogenados, donde también se conjuró para perjudicar a Pemex. Atzayaelh Torres/Energía con H al Final/ El Financiero

Micro Smart Systems En un comparecencia ante diputados en octubre de 2020, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló que la petrolera había ganado el juicio a su proveedor. (Especial)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button