La Última de Petróleo

Alcanza corrupción de Pemex a Quintana Roo


La corrupción en Pemex por un quebranto de 468 millones de pesos, incluye en su lista a dos de sus presuntos operadores en la entidad



MARCO ANTONIO BARRERA | Al igual que la “Estafa Maestra” alcanzó a personajes de la sociedad quintanarroense que se prestaron para simular contratos por más de 800 millones de pesos en pagos por servicios de publicidad y difusión inexistentes, la corrupción en la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por un quebranto de 468 millones de pesos, incluye en su lista a dos de sus presuntos operadores en la entidad.

De 25 señalados a nivel nacional como presuntos implicados en este millonario desfalco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene bajo investigación a una central trabajadora y a una persona física, a los cuales se les congeló sus cuentas bancarias.

Los involucrados son el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Comercio, Industrias y Servicios en General de Quintana Roo, así como el particular Óscar Manuel Hernández Pat, a los que se atribuye su participación en una supuesta triangulación y desvío de recursos mediante contratos de obras y servicios que jamás se realizaron durante
la gestión de Emilio Lozoya Austin, cuyo caso comenzó a investigarse desde 2019.

La central trabajadora y la persona física involucradas forman parte de las indagatorias que se mantienen activas también en el resto del país en contra de una universidad, cuatro personas morales, 17 personas físicas y una sociedad civil.

Para tratar de descongelar sus cuentas bancarias, los afectados promovieron sendos juicios de amparo, pero sin tener éxito.

Desde el pasado 5 de mayo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ejecutó el aseguramiento de las cuentas de Hernández Pat, quien en respuesta promovió juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito (expediente único nacional número 28112452) el cual le concedió el 14 de junio la suspensión provisional que ahora la UIF combate en apelación.

En cambio, la batalla legal que sostienen el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el sindicato comenzó hace dos años cuando por oficio la UIF decretó el bloqueo de sus cuentas bancarias. Ante ello, recurrió a un juicio de amparo que por orden de turno tocó conocer al Juzgado Séptimo de Distrito el cual le concedió a la central obrera la suspensión provisional, primero, y la suspensión definitiva, después.

Inconforme con esa decisión, la UIF promovió un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuya resolución le volvió a dar la razón al sindicato.

En un último intento por revertir esta decisión, la UIF promovió un recurso de revisión ante el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, Veracruz, el cual revirtió el fallo favorable a la central obrera activando nuevamente el congelamiento de sus cuentas en Banorte.

ESTAFA MAESTRA
En la entidad también se investiga a los operadores de la llamada “Estafa Maestra” por un quebrando de más de 800 millones de pesos relacionados con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y su ex titular Rosario Robles Berlanga.

Las acusaciones implican a Jorge Acevedo Marín y Gerardo Vázquez Handall, ex director y ex subdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (Sqcs), respectivamente.

Los ex servidores públicos fueron vinculados a proceso por un juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, como parte de una investigación que mantiene presa a Robles Berlanga.

La investigación tiene que ver con un quebranto patrimonial por 806 millones de pesos que se orquestó con 84 simulados contratos de publicidad y difusión con 37 empresas.

De acuerdo con las autoridades, en este caso se usó un esquema de adjudicación directa para contratar proveedores en campañas de publicidad, cuyos beneficiarios cobraron montos mayores a los permitidos por la ley sin entregar los servicios.

Acevedo Marín está acusado de autorizar el pago de 84 contratos y Vázquez Handall 104 órdenes de pago. Al primero se le embargaron cuatro predios en el municipio de Benito Juárez (Cancún), ocho autos y una moto.

Al segundo procesado le fueron retenidos siete predios en Benito Juárez, Othón P. Blanco y en Mérida, tres autos en Quintana Roo y otro vehículo de lujo con matrícula de Yucatán. Luces del Siglo

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