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Adán reconoció bancarrota del estado; Merino ‘bailará con la más fea’


No hay dinero en la caja de gobierno, reconoció el entonces gobernador López Hernández 10 días antes de irse a la Secretaría de Gobernación; para abril, deuda y pasivos sumaban 17 mil 399 millones de pesos


Samuel L. Soto Giles | Al corte del Primer Trimestre de este año, la Secretaría de Finanzas reportó en Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal que la deuda pública ascendía a 6 mil 44 millones 189 mil 146 pesos, -182 millones 302 mil 831 pesos de la contratada a corto plazo en diciembre pasado, y 5 mil 861 millones 886 mil 315 de la heredada a largo plazo.

Además, en el documento, con el sello de recibido por el Órgano Superior de Fiscalización de 30 de abril, reporta otros pasivos, como saldo final del periodo de los tres meses, de 11 mil 355 millones 383 mil 432 pesos -813 millones 402 mil 373 pesos más que en el inicio- con los que los que la suma de Deuda y Otros Pasivos es de 17 mil 399 millones 572 mil 578 pesos.

El documento está firmado por el secretario de Finanzas, Said Mena Oropeza, el subsecretario de Ingresos, Enrique Romero Oropeza; el subsecretario de Egresos, Armando Piña Gutiérrez, y el director de contabilidad gubernamental, Sergio Jiménez Torres.

No hay dinero en caja

El 4 de agosto, en la entrevista mensual con el noticiero radiofónico Telereportaje, el gobernador Adán López Hernández reconoció un ‘hueco’ de 4 mil millones de pesos en las finanzas del estado que obligó a interrumpir el pago de los proveedores desde julio.

Señaló que la pandemia de COVID-19 ocasionó muchos gastos que no estaban previstos y se tomó la decisión de privilegiar los salarios de los trabajadores por encima de otros compromisos de su administración.

Argumentó que en 2018, cuando asumió el cargo, recibió una deuda de 6 mil millones de pesos tras la gestión de Arturo Núñez Jiménez, y si bien el monto logró reducirse, este año comenzó una nueva crisis financiera, aunque confía en que se logre superar en este mismo ejercicio.

”El pasado fin de mes se sufrió para el cierre, porque está escaso el recurso. Pudimos pagar a tiempo las prestaciones, aunque detuvimos el pago a proveedores. Hoy no hay dinero en la caja de gobierno, estamos gastando mucho, sólo en la aplicación de pruebas para detectar coronavirus, con un millón 200 mil pesos diarios” reconoció.

Sin embargo, negó que su gobierno pretenda hacer crecer la deuda pública: “No es necesario un empréstito a largo plazo. Seguiremos limitando el gasto público, recurriremos a préstamos a corto plazo, y recurrir a solicitar adelanto en participaciones”, aseveró.

De hecho, se ha recurrido a créditos quirografarios por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para cubrir las prestaciones de diciembre. Esto se hizo en 2019 y se repitió en 2020, en tanto que podría ser una alternativa para salir del 2021.

En cuanto a la deuda con proveedores, en el reporte trimestral de junio de este año, la Secretaría de Finanzas informó de un pendiente de 700 millones de pesos con proveedores actuales y aquellos que aún reclaman sus pagos por el incumplimiento del sexenio pasado.

”Esta administración heredó un hueco financiero de 6 mil millones de pesos. Hoy es de 4 mil millones de pesos. Se ve complejo porque ha caído la recaudación, también los ingresos propios. Las participaciones vienen a la baja, pero el gobierno va a salir bien”, insistió.

Más deuda a la crisis

El 19 de agosto, el gobernador Adán López Hernández informó que “de forma responsable y sin que se afecte la economía del Estado”, la próxima semana solicitaría al Congreso la autorización de un empréstito preventivo.

Durante su participación en la Sesión Solemne de la LXIII Legislatura, que develó con letras doradas la leyenda “2021, Bicentenario de la creación de la Armada de México”, López Hernández ratificó el objetivo de reducir en por lo menos 1 mil 000 millones de pesos la deuda pública al final de su gobierno.

Explicó que en caso de que la Administración Estatal requiera de esos recursos, se invertirán en la adquisición de dos tomógrafos y un programa de desazolve, para evitar inundaciones como ha ocurrido en la ciudad de Villahermosa.

“Así como hubo desazolve de El Macayo, los arroyos y drenes que atraviesan Villahermosa necesitan desazolve urgente. Vamos a plantear eso, vamos a invertir en Seguridad Pública, en la Fiscalía, en el Tribunal Superior de Justicia y en equipamiento médico, básicamente”, subrayó.

Recordó que en diciembre de 2018, recibieron el estado con una deuda pública de 6 mil 591 millones de pesos, y que gracias a la política de austeridad, transparencia, buen ejercicio del presupuesto y pagos puntuales de los créditos generados en sexenios pasados, se ha logrado reducir a 5 mil 950 millones; es decir, 600 millones de pesos menos en deuda.

“Aunque no lo utilicemos, nosotros vamos a tomar la previsión y por eso vamos a solicitar al Congreso la autorización de un empréstito”, comentó, al adelantar que está en análisis el monto, pero podría ser entre 600 millones y 1 mil 500 millones de pesos.

Empréstito preventivo

El 21 de agosto, el Congreso autorizó al gobernador Adán López Hernández contratar uno o varios empréstitos hasta por mil 500 millones de pesos, pagaderos en un plazo máximo de 20 años, con 25 votos a favor -21 morenistas- y seis en contra.

El dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Finanzas resalta la necesidad de contratar financiamientos para la adquisición de equipos médicos y laboratorio, infraestructura y equipamiento de seguridad pública y readaptación social.

También para infraestructura hidráulica, construcción, mejoramiento y rehabilitación de bienes de dominio público, incluidos centros de salud, hospitales y escuelas, y para la administración y procuración de justicia, dideros que ahora operará a su antojo el gobernador interino Carlos Manuel Merino, pero ante la quiebra anticipada el Interino le tocó ‘bailar con la más fea’.

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