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Aceleran Ley de Hidrocarburos en San Lázaro; la turnan a comisiones


La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Hidrocarburos busca terminar con la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, porque ahora se busca dar más poder a Pemex y desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos.

Sin embargo, su discusión se retrasará algunos días, porque los legisladores tomaron descanso debido a la Semana Santa, y por instrucción de la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, se subió de manera inmediata a la Gaceta Parlamentaria, para que, el próximo 7 de abril se informe en la sesión, que se le dio turno directo a la Comisión de Energía para su dictaminación, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.

La mayoría de Morena busca que se pueda aprobar antes de que concluya el periodo legislativo, es decir, antes del próximo 30 de abril. Mientras que la oposición consideró que de concretarse esta reforma a la Ley de Hidrocarburos será impugnada. El 27 de marzo fue enviado el documento a la Cámara de Diputados y minutos después, a través de sus redes sociales, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, escribió que “la iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos que presentó el Presidente @lopezobrador_ sancionará y cancelará permisos a quienes incurran en ilícitos; contrabando y de alteración del componente de combustibles y vigila el balance en el mercado y el almacenamiento”.

La Ley de Hidrocarburos, y otras, aprobadas en julio de 2014 por la Cámara de Diputados y que forman parte de la reforma energética del sexenio anterior, abrieron a la iniciativa privada las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, al señalar que: “Permite el ingreso de empresas nacionales y trasnacionales a la exploración y extracción de hidrocarburos; refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo; almacenamiento, distribución, comercialización y venta al público de gas natural y petrolíferos, así como transporte por ducto y almacenamiento de petroquímicos”, detalla.

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma energética del entonces presidente Peña Nieto a través de la cual, se dijo que se modernizaría la industria petrolera nacional, confirmando la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos. El documento avalado por la Cámara de Diputados y el Senado permitió la participación de la inversión privada con el fin de elevar la producción de energéticos a nivel nacional, generar mayor riqueza y aumentar el número de empleos productivos en el país. https://www.milenio.com/politica/ley-hidrocarburos-aceleran-avance-camara-diputados

Para poder concretar dichos objetivos, se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para permitir a empresas privadas participar en la exploración y extracción del petróleo, a través de diferentes contratos con el Estado mexicano, como de utilidad compartida o de producción compartida. Mientras, que la iniciativa a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente López Obrador reforma los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adiciona una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86. Entre las propuestas destaca dar facultar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos expedidos mediante la Ley de Hidrocarburos, cuando los titulares cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Señala que, de acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolineras que utilizan el software conocido como “rastrillo” o componente, obtienen ganancias que ascenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.

Por lo que, precisa que el contrabando de combustibles representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos. Propone que se eleven las sanciones a las empresas que vendan una cantidad menor de la que compran a los consumidores, al modificar las condiciones de los sistemas de operación y en caso de reincidencia se podría revocar el permiso.

Además, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas intervenidas o suspendidas. Además, el permisionario pueda solicitar que termine la suspensión cuando demuestren que las causales que lo ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas, siempre que no se hayan originado en ilícitos penales o infracciones administrativas relacionadas con los combustibles.

También se destaca que las empresas comercializadoras y distribuidoras de petrolíferos que no cuenten con la infraestructura suficiente para almacenar y no puedan cumplir con el 50 por ciento del mínimo, puedan cubrir el porcentaje faltante en otras terminales en territorio nacional.

Con las reformas se busca incidir en varios aspectos de la Ley de Hidrocarburos como: almacenamiento mínimo de petrolíferos establecidos por la Secretaría de Energía; negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos; revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos; sancionar y desincentivar el contrabando de combustible; suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o para la economía nacional.

En los considerandos, del documento que circuló la tarde de este viernes, se argumenta que, pese a los avances, existe una problemática que aún queda pendiente de atender y está relacionada con los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar. SILVIA ARELLANO/MILENIO

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