El carboncillo de Odebrecht

17 agosto 2017, 9:07 am

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
ORO NEGRO

¡A hacer carboncillo! Entre abogados y fiscales anteriores a la era digital era común la práctica de poner las hojas de papel carbón más desgastadas en las siete copias que acompañaban documentos oficiales para que las reproducciones fueran ilegibles y de dudoso valor legal. Las viejas máquinas Remington del MP y las negruzcas hojas Pelikan asistían la socorrida táctica para retrasar, obstruir o encubrir a la justicia. La modernización de los equipos, sin embargo, no exorcizó el espíritu de aquellas trampas y, por el contrario, persiste suspicacia y temor de que sigan vigentes en otros formatos en investigaciones tan explosivas como la de presuntos actos de corrupción que se señalan al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso de la red de sobornos a gobiernos, partidos y candidatos que confesó el gigante constructor brasileño Odebrecht.

La PGR, finalmente, citó hoy a comparecer a Lozoya —ocho meses después de las primeras versiones— tras conocerse nuevamente testimonios y declaraciones que lo señalan como beneficiario del pago de diez millones de dólares por adjudicar obras de una refinería en Tula, en el maxijuicio contra la mayor red de sobornos de una empresa en América Latina. Las declaraciones “juramentadas” de tres exejecutivos de Odebrecht en su contra no son nuevas, ya lo han salpicado a lo largo de una investigación que puso a temblar a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos. El gobierno mexicano, a través de SFP, anunció desde diciembre de 2016 una investigación sobre Odebrecht y su subsidiaria en México, Braskem, derivada de “versiones periodísticas” sobre sobornos a Pemex, aunque se declaró reservada la información de la averiguación para no entorpecerla.

No obstante, la hoja de la reserva del expediente se lee como dilatar lo que podía o debía ejecutar o comunicarse en su momento, más que como una garantía de la investigación. Por lo menos eso habrá tratado de evitar el Congreso cuando, el pasado 28 de junio, aprobó un punto de acuerdo para urgir a la SFP, la PGR y la ASF a informar sobre las pesquisas. Aunque, nuevamente, han sido más eficaces las “versiones periodísticas” en el exterior, para que el caso se mueva. En efecto, las diligencias parecen discurrir entre “carboncillos” que opacan las acusaciones, hasta para el propio imputado, según su abogado. Lozoya no sólo dice desconocerlas, incluso amenaza con demandar por “daño moral” y fue él quien pidió comparecer ante la PGR para defenderse. ¿De quién? ¿Alguien preferiría su silencio?

Hasta ahora la copia de denuncia en su contra es borrosa. ¿Qué le imputa la PGR? ¿Qué información le dio la justicia brasileña? ¿La ASF ha podido identificar los diez millones de dólares que, según los exejecutivos de Odebrecht, recibió en 2012 el entonces responsable de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto? ¿Existe alguna denuncia aparte de la de Morena? ¿Los recursos pudieron ir a la campaña del PRI?

En el país contamos con una ley federal antilavado desde 2012, unidades de inteligencia financiera para detectar operaciones de dinero de procedencia ilícita, así como fiscalización en las campañas políticas, pero la justicia parece seguir escribiéndose en negruzcas de Pelikan. La investigación a Odebrecht, que en otros países causa terremotos políticos, aquí se mueve como la descomposición lenta de esa sustancia fósil, dura, bituminosa, de color oscuro o casi negro, pero muy inflamable que es el carbón. ¿Si se conoce la cuenta del depósito del presunto soborno, por qué no indagar su origen? ¿Se investigó la compra de una casa en efectivo por 38 millones que adquirió Lozoya en 2013, tras la fecha del supuesto primer soborno? ¿Puede ser casual que el combate al lavado por parte de la PGR sea mínimo, tan sólo un 0.14% de las denuncias en 2016, según la ASF? ¿Puede blindarse el sistema financiero si las investigaciones se hacen sobre papel carbón? Excelsior