Niegan fines políticos en investigación contra rector de la UAEM

Las decisiones del gobierno de Morelos, que encabeza, Graco Ramírez no tienen injerencia en la Fiscalía Anticorrupción y defendió el actuar autónomo del organismo en atención a la decisión del juez.

13 noviembre 2017, 7:07 pm

REDACCIÓN
ORO NEGRO

CUERNAVACA.- Juan Salazar, fiscal Anticorrupción de Morelos, negó que existan “motivos políticos” en la investigación contra el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera.

“Se está actuando totalmente con apego a lo que dispone el Código Nacional de Procedimiento Penales. También quiero dejar claro que no existen motivos políticos sino delitos y hechos de corrupción en la citada carpeta. Un juez no libra órdenes de aprehensión sino existen elementos que pudieran constituir un delito. El hecho de que se esté denostando a la Fiscalía Anticorrupción con aseveraciones tendenciosas y dolosas, en el sentido de que existen o son motivos o hay venganza motivos de venganza, tantas cosas que se dicen me tienen molesto porque se está empañando el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y esto desalienta a los ciudadanos a denunciar porque se puede pensar que efectivamente la Fiscalía Anticorrupción no hace su trabajo y es un órgano persecutor del estado y eso es totalmente falso”, subrayó el fiscal durante una entrevista telefónica con FOROtv.

Destacó que las decisiones del gobierno de Morelos, que encabeza, Graco Ramírez no tienen injerencia en la Fiscalía Anticorrupción y defendió el actuar autónomo del organismo en atención a la decisión del juez.

“El gobierno de Morelos, el gobernador, que merece todo mi respeto pues no es mi jefe y además el nunca se ha metido con el trabajo de la Fiscalía. Quiero recordar que la Fiscalía Anticorrupción goza de autonomía técnica y de gestión. No dependo, no estoy supeditado al gobernador del estado y no tiene injerencia el gobierno del Estado, no formo parte del gabinete del gobernador Graco Ramírez”.

Reconoció que hasta ahora se ha solicitado el apoyo y colaboración de la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, y del Instituto Nacional de Migración (INM), para que puedan intervenir en el caso y frenar una eventual salida del rector del país y en su caso iniciar el proceso de extradición.