Megaproyectos, conflictividad política y social en centros indígenas: estudio

A solicitud de las organizaciones Oxfam México y Serapaz, la investigadora chilena Isabel Madariaga Cúneo estudió la forma en que se impusieron los tres ejemplos citados, a través del análisis de información documental, pero también de visitas a las regiones afectadas y entrevistas con habitantes, funcionarios y activistas de organizaciones civiles.

12 noviembre 2017, 12:15 am

REDACCIÓN
ORO NEGRO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los megaproyectos suelen imponerse en las comunidades indígenas donde se asientan, pasando por alto el derecho de las mismas de dar o no su aval a dichas iniciativas, lo cual genera altos niveles de conflictividad política y social, además de daños medioambientales que en muchas ocasiones son irreversibles y ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos.

Tal fue una de las principales conclusiones del estudio “Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia”, en el cual se analizaron a detalle los casos de la autopista Toluca-Naucalpan, la siembra de soya transgénica en Campeche y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

A solicitud de las organizaciones Oxfam México y Serapaz, la investigadora chilena Isabel Madariaga Cúneo estudió la forma en que se impusieron los tres ejemplos citados, a través del análisis de información documental, pero también de visitas a las regiones afectadas y entrevistas con habitantes, funcionarios y activistas de organizaciones civiles.

En el informe, la autora detalla la manera en que el gobierno del estado de México le otorgó en 2007 a una filial de Grupo Higa la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan, ignorando la oposición de la comunidad indígena nañú de San Francisco Xochicuautla, y más tarde tratando de cooptar a algunos habitantes para dividir al pueblo.

De acuerdo con el análisis de Madariaga, los lugareños se oponen a la construcción de la autopista no sólo porque no fueron consultados al respecto, sino también porque dicho proyecto implicaría perder el acceso a los bosques, cerros y manantiales que consideran sagrados y en los cuales está basada la subsistencia misma del pueblo.

En lo que se refiere a la soya transgénica en la península de Yucatán, el estudio refiere que entre 2009 y 2011 el gobierno mexicano le otorgó permisos a la empresa trasnacional Monsanto para sembrar dichas semillas, las cuales implican el uso intensivo de un herbicida llamado glifosato, considerado por la Organización Mundial de la Salud como “probable carcinógeno”.

Al igual que en el caso de Xochicuautla, diversas comunidades mayas del estado de Campeche no fueron informadas previamente sobre el tema, y cuando en marzo de 2016 finalmente el gobierno del país ordenó la realización de una consulta, ésta ha adolecido de diversas irregularidades que van contra los principios de buena fe y de adecuación cultural.

En el caso del NAICM, la investigadora documentó el grave conflicto social provocado desde 2001 por los primeros intentos de construir la terminal aérea, la represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, y el desistimiento de construir la mencionada obra.

De igual manera, consignó que en 2014 el actual gobierno anunció que reactivaría el proyecto de construir el Aeropuerto capitalino en esa zona, “una vez más sin informar previamente, sin consulta y sumando una estrategia de cooptación”, lo cual ha reavivado las tensiones sociales con los campesinos que se oponen a este megadesarrollo.

En sus conclusiones, Madariaga señala que los tres ejemplos tienen un patrón común: “fueron decididos por la autoridad sin consultar a las personas afectadas, provocan graves impactos en el territorio y los recursos naturales de las comunidades, y se han utilizado prácticas de hostigamiento y criminalización” contra los opositores.

Por ello, recomienda a las autoridades que realicen adecuaciones legislativas para garantizar el derecho a la libre determinación y la auto identificación indígena, y se aseguren de que las empresas respeten el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a definir sus propias prioridades de desarrollo.