Pemex acumula sanciones por más de mil 100 mdd en los últimos 20 años

Las sanciones más altas de la Función Pública se produjeron durante el Gobierno de Calderón y han disminuido con Peña Nieto

27 marzo 2017, 7:43 pm

ZORAIDA GALLEGOS
ORO NEGRO

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente bajo investigación por los presuntos sobornos que algunos de sus funcionarios recibieron de la constructora brasileña Odebrecht, es la instancia del Gobierno mexicano que concentra las mayores sanciones por casos de corrupción. En una revisión hecha a las multas que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Pemex en los últimos 20 años se encontró que éstas ascienden a 22.119 millones de pesos (unos 1.105 millones de dólares). Las sanciones económicas llegaron a los niveles más altos durante el Gobierno del conservador Felipe Calderón (PAN) y han disminuído considereblamente en esta adminsitración de Enrique Peña Nieto (PRI).

En las últimas dos décadas la empresa productiva del Estado ha sido utilizada como un botín por sus empleados y directivos. En ese periodo la Secretaría de la Función Pública —la encargada de vigilar el desempeño de los servidores y de auditar el gasto que estos hacen de los recursos federales— ha inhabilitado 1.444 funcionarios para desempeñar algún cargo en el Gobierno y ha emitido 890 sanciones económicas, se desprende de una revisión hecha al sistema de registro de servidores públicos sancionados de la SFP.

Las sanciones económicas se dictan cuando se causa un perjuicio al Estado y regularmente son muy elevadas porque el monto de la multa puede ser hasta tres veces mayor el daño ocasionado. El problema es que sólo se logra recuperar cuando mucho un 10% de la multa. El subsecretario de responsabilidades administrativas de la SFP, Javier Vargas, explica que una vez que la SFP emite una resolución tras una investigación administrativa, ésta no es definitiva porque el servidor puede interponer diversos medios legales de defensa.

Además, explica, otro de los problemas es que cuando el SAT (Sistema de Administración Tributaria) —el encargado de recaudar los adeudos— acude a cobrarlos, se encuentra con que el deudor no tiene capacidad para pagarlo y no puede finiquitarlo. “El otro 90% no se cobra porque el caso se fue a juicio, se modificó la sanción o se dejó nula, porque se fue al domicilio de la persona y no vive ahí, o porque no tiene patrimonio y no se pudo llevar a cabo la cobranza del crédito fiscal (multa)”, explica.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que además de no pagar la sanción, los involucrados tampoco son castigados con cárcel. Cuando la SFP impone la multa, el servidor público la impugna ante un tribunal administrativo. Si el daño patrimonial que se causó es muy grande y por ende implicaría varios años de cárcel, la estrategia de los involucrados es aceptar una sanción económica. “Es una sanción que parece muy dura, pero después se apela ante un juez administrativo y con eso se libró de prisión”, explica el experto en temas anticorrupción.

Un ejemplo de la impunidad institucional es la multa que se impuso a Rogelio Montemayor Seguy, extitular de Pemex y a otros cinco exfuncionarios involucrados en el famoso Pemexgate. En el caso desvelado a principios de 2001 se descubrió que funcionarios de la empresa estatal desviaron más de 1.000 millones de pesos al sindicato petrolero. La mitad de ese dinero terminó en la campaña presidencial de Francisco Labastida en el 2000. La sanción por 2.842 millones de pesos (142 millones de dólares) emitida en 2005 por el daño causado al erario —una de las más altas históricamente— no fue resarcida. Montemayor, que fue inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público, ganó un largo litigio en tribunales que lo exentó de pagar lo que le correspondía.

La multa más alta en los últimos 20 años se impuso en diciembre de 2010 en contra de catorce funcionarios de Pemex Refinación. La sanción que ascendió a 5.134 millones de pesos (256,7 millones de dólares) fue porque los involucrados manipularon procesos de licitación y contrataron con sobreprecio la renta de cuatro buque-tanques. La multa más reciente —por casi 2.5 millones de dólares— se dio a conocer a principios de marzo y fue en contra de siete servidores púplicos que realizaron pagos indebidos a una empresa por una obra que no se ejecutó.

Para Eduardo Bohórquez los funcionarios continúan incurriendo en actos de corrupción porque sigue prevaliendo la impunidad. “Además sigue habiendo incentivos muy fuertes a la corrupción porque son negocios muy grandes”, afirma. El sistema anticorrupción que se pondrá en marcha próximamente ayudará a cambiar este panorama porque se buscará desmantelar redes de corrupción completas, donde intervienen desde funcionarios públicos hasta empresarios, explica el especialista en temas de transparencia.

En una década, la SFP ha impuesto multas por 37.236 millones de pesos a los servidores públicos de toda la administración federal que han incurrido en actos ilegales. El 40% de la sanciones se han concentrado en directivos y personal de Petróleos Mexicanos. Para el subsecretario de la SFP, Javier Vargas, el hecho de que Pemex encabece las sanciones se debe a la gran plantilla laboral que maneja, no a que sea la más corrupta de la administración.

Pemex respondió que no conoce a fondo el procedimiento que llevó a cabo la SFP para determinar estas sanciones, por lo que no quieren “especular” sobre los datos. En una respuesta por escrito destacó que en el último año fortaleció las acciones para combatir la colusión y fomentar la transparencia. “Se puso en marcha en febrero de 2016 el Programa de Ética e Integridad Corporativa (PEIC), el cual incorpora los más altos estándares y prácticas internacionales en materia de ética, integridad, estrategias anticorrupción, conducta y valores institucionales”.

Crisis y sanciones

La petrolera estatal atraviesa actualmente una compleja situación financiera tras acumular pérdidas durante cuatro años consecutivos. Desde el inicio de mandato de Enrique Peña Nieto la producción de Pemex no ha logrado remontar y con la crisis del crudo en el 2015 las pérdidas alcanzaron su máximo histórico. Aunado a este panorama devastador, recientemente ha sido señalada como parte de las empresas que han recibido sobornos de Odebrecht. En diciembre pasado representantes de la constructora que protagoniza el mayor escándalo de corrupción en América Latina confesaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado mexicano.

Odebrecht no sería un caso nuevo de corrupción en Pemex. Durante las últimas cuatro administraciones, el daño patrimonial causado a la petrolera estatal se ha agudizado. El monto más alto de multas se impuso en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) que sancionó a 264 funcionarios por un total de 14.765 millones de pesos (738 millones de dólares). El monto más bajo se registró en el de Ernesto Zedillo (1995-2000) con 299 millones de pesos (cerca de 15 millones de dólares) en contra de 175 servidores.

Las sanciones históricas comenzaron a descender en la actual administración. El año pasado no se registró ninguna multa económica, mientras que en lo que va de este, la primera sanción se dio a conocer a principios de marzo. En los tres primeros años las sanciones alcanzaron poco más del medio millón de pesos (26.000 dólares). Además, de enero de 2006 al 15 de marzo de 2017, Pemex ha presentado un total de 230 denuncias penales en contra de servidores públicos, por los delitos de cocheho, peculado, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, entre otros. El País