Qué dicen las propuestas legislativas sobre seguridad que causan tanta polémica

La preocupación por estas iniciativas se produce en medio de debates sobre la seguridad en México, donde en 2006 se declaró una guerra contra el narcotráfico que implicó la salida de los militares de los cuarteles y su despliegue en las calles. Desde entonces se han disparado los casos de tortura, las desapariciones y los homicidios aparentemente extrajudiciales.

17 marzo 2017, 12:00 am

MARINA FRANCO
ORO NEGRO

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno mexicano está promoviendo dos iniciativas legislativas que sus proponentes esperan aprobar antes de que termine el periodo de sesiones, el 30 de abril, y han causado polémica entre expertos jurídicos, jueces, activistas y organismos internacionales.

Se trata de una reforma al sistema penal y procesal, propuesta por el diputado oficialista César Camacho, y de una ley de seguridad interior que, entre otras cosas, prevé que las fuerzas armadas se incorporen bajo ciertas condiciones a tareas de seguridad civil como hacer detenciones o entrevistar a posibles testigos. Una de las versiones de esta ley bajo discusión en la cámara baja también fue presentada por Camacho, el líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La preocupación por estas iniciativas se produce en medio de debates sobre la seguridad en México, donde en 2006 se declaró una guerra contra el narcotráfico que implicó la salida de los militares de los cuarteles y su despliegue en las calles. Desde entonces se han disparado los casos de tortura, las desapariciones y los homicidios aparentemente extrajudiciales.

La controversia

Para organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en México y los expertos del país, las propuestas implican un retroceso en materia de garantías.

“Están encaminadas hacia el mismo propósito: que la policía tenga más poder y se haga una transición lenta del país hacia un Estado policial por medio de cambios legislativos”, dijo Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal.

El gobierno, por su parte, argumenta que es necesario tener un marco jurídico respecto del rol de las fuerzas armadas en el país, en particular considerando que llevan una década cumpliendo ciertas funciones de seguridad como la persecución de delincuentes. “Hay desgaste del Ejército por las tareas que les han encomendado; se hace necesario un marco legal”, declaró el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional de México, en octubre pasado. La propuesta de Camacho fue introducida en noviembre.

Sobre los cambios a la reforma penal, las autoridades señalan que el sistema penal vigente desde 2008 ha producido la liberación de varios sospechosos o presuntos criminales, debido a los estrictos requerimientos sobre cómo deben llevarse a cabo la investigación y la recolección de evidencia.

En relación a eso, la oficina de la presidencia mexicana dijo que “como todo sistema de reciente implementación, resulta conveniente realizar precisiones para su debido funcionamiento”.

Reforma penal

En 2008, México aprobó una amplia reforma a su sistema penal, que fue calificada como el cambio en materia jurídica más importante en más de un siglo.

Camacho fue uno de los propulsores de la reforma, con la cual el país pasó de tener un sistema escrito e inquisitivo a uno acusatorio y oral. Entró en vigor de manera escalonada: Chihuahua, al norte del país, fue el primero en implementarlo, y para junio del año pasado ya estaba vigente en los 31 estados y la entidad federativa del Distrito Federal, que hace poco cambió a ser oficialmente Ciudad de México.

Entre los principales cambios que se dieron a partir de 2008 pueden destacarse:

-Los juicios ahora deben ser orales, lo que implica que son abiertos al público (salvo en ciertas ocasiones por motivos de seguridad) y las evidencias deben presentarse de esa manera. Anteriormente, por ser juicios totalmente escritos, había cierto grado de opacidad.

-En el sistema anterior, el testimonio de alguien era casi lo único necesario para que se dictara una sentencia condenatoria. Esto era particularmente problemático debido a que las autoridades tendían a recurrir a la tortura para obtener esas confesiones.

-Antes de la reforma se daban casos de personas que quedaban durante años bajo prisión preventiva en espera de juicio. Un estudio de 2009 señalaba que “en un día promedio, alrededor de 90.000 personas” estaban en prisión cautelar, “un poco menos de la mitad de los internos del sistema carcelario mexicano”. El nuevo sistema penal prevé que esta medida nunca dure más de dos años y que sea el último recurso, a menos de que el delito por el que la persona es acusada sea lo suficientemente grave.

-Se estableció la presunción de inocencia en todas las etapas del proceso penal. Antes los imputados tenían que acreditar su inocencia, lo que recibió críticas que señalaban que en México había presuntos culpables en vez de presuntos inocentes.

Según expertos, la reforma penal de Camacho prevé deshacer algunas de estas garantías. Por ejemplo, se permitiría de nuevo utilizar testimonios indirectos o la confesión como evidencia principal y se amplían las razones por las que alguien puede ser puesto bajo prisión preventiva.

Ley de seguridad interior

Cuando el expresidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, lanzó la guerra contra el narco en diciembre de 2006, los militares fueron desplegados a las calles de México sin un plazo fijo para su regreso a los cuarteles.

A diez años de eso, tanto Peña Nieto como integrantes del gabinete relacionados con temas de seguridad lanzaron el pedido para que se estableciera un marco para reglamentar el papel de las fuerzas armadas en el territorio.

La ley de seguridad propuesta por el diputado Camacho prevé que los militares se sumen a tareas de índole civil de la seguridad pública e interior ante la solicitud de los poderes Ejecutivo o Legislativo federales, así como sus pares estatales.

En ese caso las fuerzas armadas pueden hacer detenciones, realizar cateos, tomar declaraciones o encarar tareas de inteligencia para las cuales podrían “hacer uso de cualquier método de recolección de información”. La ambigüedad de este apartado, según expertos y activistas, abre la puerta a intervenciones de las comunicaciones o incluso a la tortura.

El despliegue de los efectivos se justificaría a partir de causas como “cambio climático, corrupción”, el porte o el tráfico de armas de fuego y la delincuencia organizada. Fuente NYT