Pemex: ‘Paradise Papers’, ingeniería financiera para el saqueo

A través de empresas particulares con membrete de la empresa petrolera mexicana se han transferido millones y millones del erario, también se han usado para concretar negocios que, de haberse hecho en territorio patrio, habrían sido polémicos o ilegales

12 noviembre 2017, 10:45 pm

REDACCIÓN
ORO NEGRO

CIUDAD DE MÉXICO.- En 10 capítulos, la reportera Ana Lilia Pérez disecciona a la emblemática empresa petrolera mexicana, la que hundieron los últimos cinco presidentes, y expone sus resultados en el libro ‘Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana’, puesto en circulación por el sello Grijalbo. Proceso ofrece fragmentos del capítulo 9, en el que la autora expone cómo las autoridades convinieron en que era más fácil mudar a Pemex hacia un paraíso fiscal que privatizarla. Hoy, expone Pérez, hay 37 sociedades offshore con membrete de Pemex, entre tenedoras de acciones, inversoras, comercializadoras o prestadoras de servicios… sin servicios por prestar.

Entre parasoles, tumbonas, veleros y yates de lujo, a las islas del Caribe que alguna vez fueron colonias europeas llegan millonarios de toda estirpe, de cualquier punto del mundo, para abrir cuentas bancarias y hacer inmensos depósitos cuyos orígenes nadie cuestiona, a nadie interesa. No importa si se trata de expresidentes prófugos, gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios públicos que saquearon las arcas de su país, dictadores que amasaron riquezas con sangre, narcos que por cada dólar envenenaron niños y los engancharon a las drogas, magnates que esclavizan obreros, traficantes de armas, mercancías o carne humana, estafadores o truhanes. Su dinero es lo que vale.

En esas islas, abrir una cuenta o desaparecerla, constituir una empresa o extinguirla, crearle filiales o subsidiarias, convertirla en tenedora de acciones, ligarla a fondos de inversión de cualquier tipo o estructurar todo un holding son trucos similares a los de un mago que aparece y desaparece palomas y conejos. Durante un viaje relámpago, asesores bancarios, gestores, analistas y brokers abren o cierran empresas. Les queda tiempo suficiente para disfrutar del veleo, tomar cocteles mientras se asolean, relajarse en la playa y hacer shopping.

A finales de los años ochenta, a esos archipiélagos (o a tierras continentales donde se puede hacer lo mismo) comenzó a llegar dinero de Pemex mediante empresas abiertas en el extranjero: compañías que sólo existían en el papel y, muy importante, dadas de alta como “privadas”, aun cuando el dinero que manejaban era el patrimonio “de todos los mexicanos”.

Primero se abrió una en los Países Bajos, luego en las Antillas Neerlandesas; después en Bahamas, Islas Caimán, Aruba, Irlanda, Suiza, España, Inglaterra, Luxemburgo, Estados Unidos, Panamá y Singapur, entre otros. Durante los siguientes 25 años se fue agrandando un organigrama de empresas particulares con membrete de Pemex. A través de éstas no sólo se han transferido millones y millones del erario, también se han usado para concretar negocios que, de haberse hecho en territorio patrio, habrían sido polémicos o ilegales, por comprometer los haberes de la petrolera al favorecer la privatización o el remate de su infraestructura.

En resumen: parte del saqueo, desmantelamiento y desnacionalización de Pemex se operó desde paraísos fiscales.

A finales de los años ochenta, la economía mexicana y las finanzas de Pemex oscilaban entre el alza internacional de los precios del crudo (en parte como efecto de la “guerra de los petroleros” protagonizada entre Irán e Irak) y su desplome, que precedió al histórico crack de las bolsas de valores del 19 de octubre de 1987.

El colapso golpeó directamente al mercado petrolero, porque además de que las compañías del sector cotizaban en bolsa, Estados Unidos estaba en pie de guerra contra Irán: la tensión entre los dos países crecía, con ofensivas mutuas en el golfo Pérsico y advertencias de Ronald Reagan a su homólogo iraní a través de la embajada suiza en Teherán –que se encargaba de los intereses estadunidenses–: le exigía que cesaran “las agresiones” contra objetivos estadunidenses.

En esos años Pemex era el cuarto exportador de crudo a escala mundial. Poco después sería cuando la política interna, guiada por la tendencia a las privatizaciones, reestructuró la paraestatal en un holding de subsidiarias… Cada una tenía su propia estructura administrativa, recursos económicos, materiales y humanos, pero todas estaban regidas por una cúpula que lideraba el director general de la compañía y un selecto grupo de ejecutivos.

Ésa fue la reestructuración de Pemex en el país, pero en el extranjero comenzó a ensamblar un armazón paralelo que violaba el artículo 27 constitucional: empresas privadas, que operan bajo el membrete de Petróleos Mexicanos, fueron fundadas en países considerados como paraísos fiscales –especialmente atractivos en tiempos de incertidumbre financiera–. Esas firmas estaban destinadas a captar millones del dinero petrolero en operaciones hormiga.

Los paraísos fiscales ofrecen un sistema financiero que no indaga el origen de los depósitos, evita la doble tributación y privilegia el secreto bancario, mucho más sólido e inquebrantable que el de confesión. Ni siquiera se abre ante solicitudes de las naciones de donde viene el dinero. El objetivo del esquema paralelo era sacar recursos de Pemex sin rendir cuentas a ninguna institución mexicana.

En esa época de neoliberalismo en que los Chicago Boys –fieles a las enseñanzas de Milton Friedman y Arnold Harberger– alcanzaron puestos de gobierno, “mudar” Petróleos Mexicanos a un paraíso fiscal era mucho mejor que privatizarla: tan simple como transferir dinero a compañías “de Pemex” pero foráneas, financiadas con el erario pero privadas, alimentadas con el patrimonio de los mexicanos pero con cuentas bancarias en el Caribe. Ahí, los dólares se movían a carretadas sin que nadie exigiera saber su destino.
Desde entonces y hasta hoy, en los “territorios laxos” operan docenas de compañías de la Pemex “privada”: carecen de personal, oficinas propias e infraestructura. En su mayoría sólo existen en el papel, pero igual triangulan millones y millones de dólares que, en esencia y según la lógica eufemística oficial, deberían ser “de todos los mexicanos”. Su esquema es el mismo de las involucradas en el escándalo mundial conocido como los Panama Papers.

El monto del dinero público enviado al extranjero mediante dicha estructura creció gradualmente. Para tener una idea: sólo un consorcio –PMI Comercio Internacional– privatizó al menos 156 mil millones de pesos en tres décadas.

En los años previos a que se aprobara la reforma energética, esas firmas fantasma manejaban más de 1 millón 200 mil millones de pesos anualmente (auditoría 12¬1¬18T41¬02¬0007, realizada por la ASF al llamado Grupo PMI, divulgada en febrero de 2014). A partir de la entrada en vigor de la reforma, las cantidades han sido mucho mayores, pues la tendencia en Pemex fue generalizar las grandes operaciones financieras en este modelo de negocios, en que la petrolera pone dinero y se asocia con compañías privadas. Son estas últimas las que invariablemente tienen el control de esas sociedades.

Todavía en el gobierno de Felipe Calderón, en 2011, cuando aún no se aprobaban las reformas al artículo 27 constitucional, con dinero de Pemex se crearon nuevas firmas privadas en el extranjero, que prepararon la repartición de negocios de la paraestatal. En ese entonces el director de Petróleos Mexicanos era Juan José Suárez Coppel.

Durante aquel sexenio, la existencia y operación de empresas de Pemex en paraísos fiscales dejó de ser un secreto, pues la ASF difundió su existencia y asentó que eran ilegales. “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generadas en las empresas del Grupo PMI, éstas se quedan acumuladas como inversión en esas empresas”, detectó la ASF en la auditoría a la cuenta pública 2007. Ese año, por ejemplo, Kot Insurance Company, ya radicada en Suiza, registró pérdidas por 190 millones de pesos.

Pese a las advertencias de la ASF, ya en el sexenio de Peña Nieto y durante los años en que Emilio Lozoya dirigió Pemex, se creó una treintena de compañías privadas, algunas en sociedad con otras firmas particulares. Sirvieron para privatizar trabajos y áreas que en otros tiempos eran considerados propios del Estado. Esto, en la práctica, profundizó la desmembración de la paraestatal. Aun así, o quizá por ello, desde la dirección de Pemex se impulsó la creación de más y más. Proceso