Un negocio de bajo riesgo

Si no se toman medidas enérgicas, el robo de combustible será el cáncer que terminará por quebrar a Pemex. Sin embargo, más preocupante que la viabilidad financiera de la paraestatal es la violencia asociada a este nuevo mercado ilegal que está transformando, para peor, regiones enteras del país.

13 Marzo 2017, 10:13 am

EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ
ORO NEGRO

Si usted transita por carretera y siente que no llega a la siguiente gasolinera, muy probablemente haya una salvación. Es cuestión de preguntar. En la caseta o en la tienda de abarrotes de algún poblado le indicarán el camino. No hace falta desviarse mucho, de donde menos se imagina saldrá rápidamente el vendedor. El precio para usted, por incauto, será alto, pero al final quedará agradecido (nadie quiere sufrir el inconveniente y el ridículo de quedarse varado a mitad de la carretera). Para los transportistas y otros clientes habituales, en cambio, el precio puede ser tan bajo como cinco pesos por litro, un ahorro casi irresistible.

México tiene ya una red de distribución y venta clandestina de combustible que seguramente es la más grande y eficiente del mundo. Las cifras son escalofriantes. Pemex reporta que en 2016 se identificaron 6 mil 873 tomas clandestinas, 30 por ciento más que en 2015, casi el doble que en 2014. El robo de combustible es una actividad en auge porque el riesgo que implica es mínimo en relación con las ganancias potenciales. Mientras que el valor del mercado es del orden de los 30 mil millones de pesos, cada año se capturan sólo alrededor de mil personas por este delito. Es decir que por cada detenido los criminales se embolsan en promedio 30 millones de pesos.

Si no se toman medidas enérgicas, el robo de combustible será el cáncer que terminará por quebrar a Pemex. Sin embargo, más preocupante que la viabilidad financiera de la paraestatal es la violencia asociada a este nuevo mercado ilegal que está transformando, para peor, regiones enteras del país. El municipio poblano de Acatzingo, ubicado dentro de la zona que ya se conoce como “Triángulo Rojo”, se ha convertido en el epicentro del robo de combustible. Hasta hace no mucho Acatzingo era un lugar tranquilo, sin una presencia tangible del crimen organizado. De 2007 a 2012 se registró una sola ejecución. En cambio, en 2016 los criminales asesinaron 15 personas en el municipio. Además de la violencia, el robo de combustible supone un riesgo inmenso en términos ambientales y de protección civil. Es frecuente que se registren incendios y explosiones en las tomas clandestinas y los expendios ilícitos. Apenas la semana pasada se registró una explosión en Acatzingo, que tardó diez horas en ser sofocada.

Son varias las razones por las que el gobierno debería enfocarse este año en contener el robo de combustible. En primer lugar porque el robo de combustibles está llevando la violencia a territorios que antes eran tranquilos, no sólo en los pueblos del Triángulo Rojo, sino también en ejidos y localidades que lindan con cientos de kilómetros de ductos en Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y otras entidades. Las organizaciones criminales más grandes ya se dieron cuenta de que el robo de combustible les genera mejores ganancias y menos riesgos que otras actividades, y han comenzado a desplazar a los grupos pequeños y de baja peligrosidad que iniciaron la ordeña de ductos, y la distribución y venta del combustible (por ejemplo, en los últimos meses ha habido una “limpia” de los grupos más pequeños que operan en el Triángulo Rojo). En segundo lugar, el robo de combustible debe ser una prioridad en la agenda porque este delito le está generando una enorme “base social” al crimen organizado. En las zonas de ordeña, familias enteras, a veces localidades enteras, viven de la extracción ilegal del combustible y las rentas que ésta genera.

Por último, el gobierno debería apostarle a combatir el robo de combustible porque se trata de un problema que tiene solución, al menos parcial, en el corto plazo. A diferencia de otros delitos, como el cobro de cuota y el narcotráfico, el robo de combustible es un problema cuya solución no necesariamente pasa por la construcción de instituciones policiales y ministeriales más profesionales (una tarea fundamental, pero que requiere tiempo y capital político). Si bien no hay soluciones infalibles, el problema de robo de combustible se puede contener con inversiones en infraestructura y tecnología (incluyendo barreras físicas, sensores de presión en ductos, y sistemas de geolocalización en pipas).

Por otro lado, la distribución de combustible ilegal en muchos casos es francamente descarada y podría limitarse de forma significativa con las más elementales acciones de vigilancia. En predios aledaños a algunas carreteras han surgido verdaderos tianguis de gasolina, que todo el mundo conoce y que operan a plena luz del día, muchas veces frente a la mirada cómplice de la policía estatal o municipal. Una sencilla campaña de cateos y decomisos permitiría poner fin a los tianguis y a los puntos de venta más ostensibles, y de paso asustar un poco a los compradores. Al cierre del sexenio, el gobierno federal no podrá anunciar que redujo a la mitad los homicidios dolosos, o que logró la depuración y profesionalización de las policías. Sin embargo, sí podría plantearse la meta de que en 2017 y 2018, por primera vez en mucho años, se logre una reducción en el robo de combustible.

Twitter: @laloguerrero

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